Vox rechaza construcción de centro de refugiados por ser puerta "a la ilegalidad"
Vox Soria ha escenificado este viernes su rechazo a la construcción del Centro de Atención y Protección Internacional (CAPI) en el barrio de Los Royales, de Soria, por entender que es abrir una puerta "a la ilegalidad".
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La vicesecretaria de Organización de Vox y diputada nacional, María Ruiz y el procurador regional Iñaki Sicilia han visitado este tarde, acompañados del presidente de la formación en Soria, Oalla, y el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Soria, Fernando Castillo, las obras del Centro de Atención y Protección Internacional (CAPI), que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está impulsando en el barrio de Los Royales en Soria, con una inversión de más de 13 millones y la previsión de entrar en servicio en el segundo semestre de 2026.
Castillo ha argumentado el rechazo total de Vox a infraestructuras como los CAPI en España.
“Estamos en contra porque este Gobierno corrupto y mentiroso, junto al PP, está promoviendo una inmigración ilegal y masiva, que trae unas consecuencias negativas para las ciudades y entendemos que para Soria será igual”, ha manifestado.
Castillo ha asegurado que en todas las ciudades, cuando se instalan Centro de Atención y Protección Internacional se produce un aumento de la delincuencia y una mayor tensión en los servicios sanitarios y mayor carestía en el alquiler de vivienda.
“Este tipo de instalaciones supone una puerta a la ilegalidad”, ha resumido.
En este sentido ha apuntado que el 95 por ciento de las solicitudes de asilo o de refugio son rechazadas por el Gobierno de España, porque no están fundamentadas, por lo que recurre a la figura jurídica del arraigo para regular la ilegalidad.
“En Vox Soria tenemos clara nuestra propuesta: instalaciones de este tipo deben utilizarse para lo que realmente necesitan los sorianos, temas relacionados con la sanidad, con infraestructura logística o una residencia para mayores””, ha reclamado.
El Grupo Parlamentario VOX registró en mayo una proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para restringir la regularización de inmigrantes ilegales a través del arraigo.
Vox ha cifrado en 300.000 las personas las que han entrado fraudulentamente en España, aunque los datos pueden ser mayores ya que los informes del Ministerio del Interior no incluyen las llegadas ilegales a través de los puestos fronterizos.
Dada esta cifra, la formación ha asegurado que la actual legislación “se ha demostrado insuficiente para disuadir de los efectos adversos que subyacen a la inmigración ilegal. Además, cabe destacar la inobservancia del Poder Ejecutivo en la aplicación del principio de lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas”.
Esta dejadez de funciones se demuestra con el número de expedientes de expulsión ejecutados: “Entre los años 2020 y 2023 apenas se ejecutaron 9.500 órdenes de expulsión de 131.000 expedientes incoados, es decir, el 7,25 por ciento”.
