El PP pide al Gobierno que pregunte a vecinos de Soria por plazas en Centro de Refugiados
El senador del PP por Soria, Javier Jiménez Santamaría, ha replicado hoy al Gobierno que si no quiere cumplir el límite de plazas establecido por la Junta para el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) no imponga un informe “partidista” y pregunten a los sorianos y vecinos del barrio de Los Royales.
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“Si el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones cree que la normativa autonómica que limita el número de plazas no afecta al CAPI de Soria y que es competencia del Estado que recurran a la justicia y no un supuesto informe de la Abogacía del Estado que solo deben conocer los socialistas”, ha señalado Jiménez este viernes en un comunicado remitido a los medios, tras contestarle el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones que la normativa autonómica que limita el número de plazas no afecta a la red de centros de inmigrantes que son competencia del Estado, como el caso del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Soria.
El CAPI de Soria, que pretende estar disponible en el segundo semestre de 2026, se ha previsto para 203 plazas, cuando, si el Gobierno cumpliera la normativa regional tendría que limitarse a 120 por ser Soria una población de más de 20.000 habitantes.
Jiménez ha reconocido que no conoce el contenido del informe en el que se basa el Gobierno para desestimar cumplir la normativa autonómica porque no ha sido publicado oficialmente, “pero lo que sí sabemos es que esa consulta, en cualquier caso, es partidista y deliberada para a dotar de legalidad a la imposición de crear un centro sin ningún tipo de garantías para los inmigrantes que serán acogidos ni para el resto de sorianos”.
La orden de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León que se publicó el 7 de noviembre de 2024 (Orden Fam/1160/2024) es clara y limita el número de plazas a los Centros de Acogida de Protección Internacional a 120 para las poblaciones de más de 20.000 habitantes, 72 para los ubicados en localidades de entre 10.000 y 20.000, y 60 para los municipios de menos de 10.000 habitantes.
“Soria podrá acoger a 120 menores, y no a 203 como tiene proyectado el Gobierno”, ha reiterado el senador popular.
En cualquier caso, según ha avanzado, el Partido Popular no aceptará la apertura del centro de refugiados en Soria hasta que el Gobierno defina y establezca un plan real para la inserción social y laboral de los menores una vez que venzan los plazos de estancia, se ajusten a la normativa autonómica y hagan a los catalanes y a los vascos cumplir con las mismas obligaciones en inmigración que tenemos el resto de españoles.
“Ellos solo se preocupan por los réditos electorales que les pueden dar sus populistas políticas migratorias y el Partido Popular tiene la obligación de velar por los derechos y la seguridad de los menores acogidos y también de la seguridad de nuestros ciudadanos”, ha asegurado.
“Si el señor Martínez y el señor Latorre quieren imponer este centro a través de un informe que no es público y que en todo caso, es deliberado y dirigido por una sucursal sanchista, que insten a sus jefes a llevar a los tribunales la orden de la Consejería de Castilla y León que es clara.
Si ellos consideran que la competencia estatal sobre migración prevalece sobre la orden regional que regula la materia de servicios sociales, este conflicto de competencias debería resolverse por otra vía diferente a la imposición. A los sorianos y a los vecinos de Los Royales no nos han preguntado y algo deberíamos decir en todo esto”, ha sentenciado.
