El PSOE pide comisión monográfica sobre el ATI para aclarar dudas sobre proyecto

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Soria, Esther Pérez, ha solicitado la celebración de una comisión monográfica para clarificar el estado del expediente del Aeroparque (ATI) y exigir la máxima transparencia en su tramitación.

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“Hemos pedido una comisión monográfica para que la luz se ponga no solamente con palabras, sino también con documentación que valga y podamos saber, nosotros y toda la ciudadanía, cuál es la realidad y qué está pasando con el proyecto del aeródromo”, ha señalado Pérez en rueda de prensa.

Pérez ha reiterado el apoyo del PSOE al aeroparque, pero reclama rigor en los plazos y requisitos.

“No se puede hacer una tramitación incompleta —por no llamar chapucera— y, además, buscar culpables siempre fuera de la institución provincial, sin un ápice de autocrítica”, ha resumido.

Pérez ha explicado que el procedimiento formal para una autorización lleva cuatro fases.

La primera es la de compatibilidad con el espacio aéreo: se realizan las consultas preceptivas para ver si el emplazamiento es compatible.

La segunda es el trámite ambiental que todos conocemos; de acuerdo con la legislación vigente, hace falta una resolución favorable y es algo reglado: o se cumple o no se cumple.

La tercera es la fase de autorización del establecimiento, en la que se evalúa la documentación técnica y administrativa para autorizar la construcción de la infraestructura y, en nuestro caso, la ampliación de la pista.

Y la cuarta es la autorización de la apertura al tráfico.

“Según la documentación de la que disponemos, sabemos que la fase 1 y la fase 2 están completadas, aunque a nadie se le escapa que con demoras por el camino y retrasos, con documentación que han tenido que subsanar, requerimientos…”, ha recordado la socialista, apuntando a lo reglado de los procedimientos.

El expediente se encuentra en la tramitación de la fase 3, la de autorización para el establecimiento, “que nosotros entendemos que es una fase crítica porque su resolución favorable nos permitiría construir la pista de la que tanto tiempo llevamos hablando y, a partir de ahí, ya pasaríamos a la fase 4”.

Entre la documentación se debe acreditar el peticionario y la propiedad de los terrenos con una nota simple del Registro de la Propiedad. Esther Pérez insiste en este punto, ya que las expropiaciones se comenzaron a tramitar en el Pleno de abril de este año.

“En esa fecha, el Pleno de la Diputación Provincial llevaba en su punto número 4 la aprobación inicial del proyecto de obra de ampliación del aeródromo de Garray, utilidad pública, relación de bienes y derechos a expropiar y necesidad de ocupación. En ese mismo pleno, lo que se decía es que teníamos un proyecto del 16 de septiembre de 2021 firmado por un ingeniero de caminos y que, a la vista de cómo se ha ido desarrollando el expediente, se hacía no imprescindible, pero sí conveniente, archivar por un lado el expediente expropiatorio e iniciar uno nuevo. En virtud de eso, se hace un nuevo proyecto, en este caso redactado por un ingeniero aeronáutico”, ha repasado.

La aprobación inicial de ese proyecto conlleva 15 días de exposición pública y, además, finalizado ese plazo de alegaciones, hay que abrir otro de 20 días más para notificar a todos los afectados en las expropiaciones. Y, una vez cumplidos esos plazos, debería volver de nuevo al Pleno, previa emisión de todos los informes jurídicos que se estimen, para resolver sobre la necesidad de la ocupación. “De momento, lo que sabemos desde el Grupo Socialista es que algún particular de los afectados por la expropiación presentó alegaciones al plan provincial que fueron desestimadas. Intuimos que también habrá hecho alegaciones en el proceso expropiatorio”, ha indicado.

Comisión monográfica

“Por tanto, ¿qué es lo que queremos en esa comisión monográfica? Queremos que alguien nos explique toda la documentación, que incluye la acreditación de la libre disponibilidad para el uso de los terrenos. Si nosotros tenemos que esperar el expediente expropiatorio, a nadie se le escapa que nos iremos a algo más de un año”, ha manifestado, poniendo en duda esas acusaciones a terceros sobre demoras y retrasos, y apuntando que “hay otra solución que también se planteaba en ese acuerdo, que es la ocupación de los terrenos antes de que termine el procedimiento expropiatorio. Eso tendría que autorizarlo la Junta de Castilla y León. También queremos que nos expliquen si se ha avanzado algo en ese sentido”.

Sobre el estudio técnico, que también se pide en esta fase, “sabemos que se ha hecho basándose en un proyecto que no es el actual. ¿Y si tenemos que partir otra vez del punto de inicio? ¿Por qué hemos hecho un proyecto firmado por un técnico que no es competente en esta materia?”, ha enumerado como preguntas para la comisión. “Son muchas dudas sobre una tramitación incompleta —por no llamar chapucera— de unos gestores que siempre buscan culpables fuera, sin un ápice de autocrítica”, ha concluido.

Para acabar, ha pedido al presidente de la Diputación que “no busque en AESA y en los tribunales una mano negra a modo de cortina de humo y que solucione un proceso trufado de errores”.

Respecto al marco competencial, también ha recordado que “existen varias comunidades autónomas que tienen en su estatuto de autonomía la competencia sobre los aeródromos que no realicen actividades comerciales. Esas competencias recaen en aquellas comunidades autónomas que lo han incluido en su Estatuto de Autonomía. La Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, es la de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y en su artículo 70 habla de las competencias exclusivas, concretamente en el punto nuevo de aeropuertos, helipuertos, muelles e instalaciones de navegación de carácter deportivo. Hay comunidades como Aragón, Cataluña, Madrid y Valencia que ya han definido sus procedimientos propios para tramitar estas nuevas infraestructuras, pero, en el caso de no hacerlo, también se contempla en el Real Decreto 1070/2015, artículo 25, mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas. Es decir, que se puede hacer, en los supuestos previstos, la suscripción del correspondiente convenio entre la comunidad autónoma y el organismo correspondiente en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea”.

“Nosotros, a través del diputado nacional, hemos hecho las consultas pertinentes y nos han aclarado que ese no debería de ser un inconveniente; y no debería de serlo porque hay disposición total para firmar los acuerdos y los convenios que sean necesarios para que, cuando todo el expediente esté completo, se proceda a dar las autorizaciones”, ha concluido.