El Gobierno concede ayudas a municipios sorianos que sufrieron daños por desastres naturales
El Gobierno de España ha concedido 787.100 euros en ayudas directas a municipios de la provincia de Soria para reparar infraestructuras afectadas por fenómenos extremos como incendios, inundaciones y otros desastres naturales.
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Estas ayudas se enmarcan en la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de marzo de 2024 que abarca siniestros acaecidos entre el 21 de junio de 2023 y el 26 de febrero de 2024
Las subvenciones, gestionadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cubren hasta el 50 por ciento del coste de ejecución de cada obra de reparación.
En esta primera fase, el Gobierno ya ha autorizado el anticipo del 85 por ciento del importe total, con una orden de pago por valor de 669.035 euros.
Un total de 16 proyectos han sido beneficiarios en esta convocatoria, incluyendo actuaciones en los municipios de Tardelcuende (33.750 euros), Hinojosa del Campo (24.100 euros), Villasayas (14.193 euros), Vozmediano (1.856 euros), Beratón (4.114 euros en dos actuaciones).
En el caso de Covaleda, las cinco intervenciones subvencionadas suman 38.700 euros, mientras que en Castilfrío de la Sierra superan los 31.000 euros.
La Diputación Provincial de Soria también ha recibido ayudas por un importe total de 639.644 euros para infraestructuras de su competencia.
Estas subvenciones se destinan a la recuperación de caminos rurales, calles, redes de agua o pequeñas infraestructuras municipales dañadas.
Con ellas, el Gobierno garantiza que ni el tamaño ni la ubicación de un municipio impidan una respuesta rápida y eficaz frente a situaciones excepcionales.
El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha subrayado que “estas ayudas refuerzan la cohesión territorial y el compromiso del Estado con todos los municipios, sin importar su tamaño. En situaciones de emergencia, el Gobierno está presente con recursos, agilidad y cooperación”.
La gestión de estas ayudas se articula a través de las diputaciones provinciales como entidades beneficiarias, mientras que los ayuntamientos son los encargados de ejecutar los proyectos con fondos del Estado.
