Reclaman que nueva normativa de bienestar animal no comprometa la capacidad productiva del sector porcino
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha pedido que la aplicación en porcino del nuevo Real Decreto de bienestar animal que el Ministerio quiere aplicar a partir del 8 de marzo no haga perder la capacidad productiva actual del sector.
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Unión de Uniones, en relación al nuevo RD cuyos aspectos técnicos serán presentados por parte del MAPA este jueves, ha instado al redondeo por el cálculo de densidades y que se considere las zonas de enfermería como superficie disponible de cara a paliar el impacto de la normativa en el sector.
Igualmente, de cara acercarse más a la realidad de los ganaderos, ha pedido que se establezcan excepciones de ordenación para facilitar que las explotaciones hagan adaptaciones y que permita trasladar parte de las capacidades productivas entre granjas en las que sea más fácil realizar la adaptación.
La organización, que ha puesto en evidencia la falta de participación y consenso del sector en la elaboración de este Real Decreto, ha reiterado que la actual propuesta del Ministerio en muchos aspectos es más restrictiva que el reglamento europeo vigente.
El Real Decreto 159/2023 sobre bienestar animal debería transponer la normativa europea a la legislación estatal.
En el caso del sector porcino supone la modificación de las condiciones de las explotaciones y el manejo de los animales, puesto que, principalmente, incrementa los valores en relación con las superficies de suelo libre mínimas disponibles.
Esto implica la ampliación del espacio disponible de un 14 por ciento de media.
La normativa incluye también otras medidas como destinar un 2,5 por ciento de la superficie a zonas de observación y aislamiento, instalar aparatos de medida, el registro de concentración de determinados gases o el establecimiento de nuevas condiciones respecto a su alimentación, agua, comederos y condiciones ambientales de las instalaciones a la disponibilidad para los animales de material manipulable.
Estas modificaciones conllevan la adecuación de las instalaciones, con los costes derivados y que debe asumir el ganadero, o la reducción del número de animales de cada explotación y, consecuentemente, su capacidad productiva.
Unión de Uniones ha instado al Ministerio a una moratoria de la aplicación de la normativa que comprometería la producción de un sector estratégico en la alimentación como es el sector porcino.
