El SMI sube a 1.184 euros mensuales pero obliga a tributar por IRFP
El Consejo de Ministros ha fijado el Salario Mínimo Interprofesional para 2025 en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, tras el incremento aprobado de 50 euros mensuales y 700 euros al año.
CSIF pide a Fiscalía que investigue cancelación de asistencia sanitaria a funcionarios de Muface
La medida, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficia a casi 2,5 millones de trabajadores, aunque también supondrá que muchos perceptores del SMI tengan que tributar por primera en concepto de IRPF.
La subida del SMI a 1.184 euros brutos en 14 pagas se traducirá en un nuevo impulso de los ingresos públicos cifrado en cerca de 600 millones de euros, tras decidir el Ministerio de Hacienda que haya perceptores de este nivel de renta que tributen por IRFP, lo que ha provocado la sorpresa e indignación de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
La subida del 4,4 por ciento dibuja un aumento de los ingresos de la Seguridad Social en 440 millones de euros, una vez sumadas las aportaciones de los trabajadores, desempleados y otros colectivos, debido a que la actualización del SMI modifica las bases mínimas de varios grupos de cotización, incluidos los sistemas especiales de los trabajadores agrarios por cuenta ajena o las empleadas de hogar, así como las de los contratos a tiempo parcial, los de aprendizaje, formación y prácticas o los cuidadores de personas con dependencia.
Con el aumento aprobado ayer, el SMI ha crecido un 61 por ciento desde 2018, lo que supone 6.273 euros más al año.
Por comunidades autónomas, Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia son las que registran un mayor número de beneficiarios de la subida del SMI.
En términos relativos, el mayor porcentaje de población asalariada que verá incrementa su nómina corresponde a Extremadura, Canarias, Murcia y Andalucía.
El año pasado Hacienda estimó que 5,2 millones de contribuyentes se vieron beneficiados por el ajuste de este mínimo, lo que suponía un ahorro de 1.300 millones para los ciudadanos que dejaba de ingresar el Estado.
No obstante, lo justificó en que el Gobierno mantenía una política fiscal que consistía en "aliviar las cargas tributarias de quienes menos ganan al tiempo que pide un mayor esfuerzo a los grandes patrimonios y a las multinacionales".
Un año más tarde, argumenta que la mayor parte de los trabajadores que cobran el SMI no se verán afectados y que los que tendrán que pagar "pagará muchos menos impuestos que los que pagaría con el IRPF vigente en 2018 con el Partido Popular al frente del Gobierno.