Los funcionarios de prisiones reclaman mejoras
Medio centenar de funcionarios de prisión del centro penitenciario de Soria se han concentrado al mediodía de este miércoles para reclamar que el fallecimiento por Covid de su compañero Lucas Fernández-Pacheco, del que se cumple un año, sea considerado accidente laboral.
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La viuda del funcionario fallecido, Esther Santamaría, ha agradecido a la "pequeña" plantilla laboral del centro penitenciario "el acompañamiento, el cariño y la entrega que nos han demostrado durante, mientras, después y en todo momento y la lucha que están teniendo por demostrar que ha sido un accidente laboral".
El delegado sindical de CSIF, Javier de Diego, ha explicado que la concentración ha pretendido rendir homenaje a su compañero fallecido hace un año por Covid 19 y reivindicar mejoras en medios y personal.
"Tenemos unas infraestructuras lamentables en la cárcel y un centro penitenciario que no se por qué motivo no se quiere abrir", ha censurado.
Además ha recordado que desde el 2018 llevan negociando con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias una ley de cuerpos "que no llega a nada, sin presupuestos y sin normas, y con agresiones diarias a los funcionarios de prisiones, lo que no dice nada bueno de la Administración".
Por su parte, el delegado sindical de UGT, Rafael Gil, ha señalado que han pedido que el fallecimiento de su compañero sea considerado accidente laboral por Covid 19, como sucede en otros colectivos profesionales.
En este sentido ha apuntado que han denunciado esta situación en la Inspección de Trabajo, que ya ha supervisado el centro penitenciario y el puesto en el que trabajaba el funcionario de prisiones fallecido.
"Donde estaba nuestro compañero fallecido es una urna, sin ventilación, de nueve metros cuadrados, donde hay tres trabajadores y no hay suficiente aire. En una medición que se hizo, en diez minutos llegamos a mil de aire viciado", ha denunciado.
En la primera ola de la Covid 19, veintiún funcionarios de prisiones se vieron afectados por la enfermedad en el centro penitenciario de Soria y en la tercera ola, otros 13.
"Las instalaciones favorecen el contagio, porque son obsoletas, antiguas, sin ventilación", ha lamentado.
Gil ha asegurado que el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, sí muestra interés en abrir el nuevo centro penitenciario, pero es complicado que suceda mientras no exista una relación de puestos de trabajo con dotación económica, ya que se necesitan un centenar de funcionarios de prisiones más que en la actual.
En este sentido ha subrayado que hay pruebas que demuestran de forma fehaciente que el fallecimiento de su marido fue porque cogió el Covid 19 en el establecimiento penitenciario.
"Tenemos pruebas evidentes y queremos que se haga justicia. Y que los funcionarios de prisiones tengan los medios necesarios como un colectivo esencial", ha demandado.
