Diputación insta al Gobierno a considerar despoblación en financiación autonómica

La Diputación provincial ha aprobado este viernes una moción del Grupo Popular que exige al Gobierno de España una financiación justa y equitativa que considere la despoblación y la orografía como factores determinantes. El PSOE,, con Carlos Martínez como portavoz, ha rechazado la urgencia y el contenido de la moción.

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La moción aprobada insta al Gobierno de España, para que, en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para el 26 de febrero, presente una propuesta integral de la financiación autonómica que garantice la igualdad, la multilateralidad, la solidaridad territorial y la suficiencia, teniendo en cuenta el coste real y efectivo de los servicios públicos y los factores con incidencia significativa sobre los mismos.

 Y que renuncie expresamente, en consecuencia, y antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a los acuerdos firmados con los partidos separatistas en esta materia, por ser radicalmente contrarios a los principios mencionados y al interés general de España, de Castilla y León y de Soria.

Además exige al Gobierno de España que reincorpore los criterios de despoblación y orografía en el nuevo modelo de financiación autonómica, para garantizar una distribución justa de los recursos que tenga en cuenta la realidad territorial de provincias como Soria.

La moción reclama también que se defina con claridad la política estatal sobre despoblación y reto demográfico, con una asignación adecuada de recursos económicos y un seguimiento riguroso de las partidas destinadas a este fin e insta a una mayor coordinación entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las administraciones locales para implementar políticas de desarrollo rural y demográfico de manera eficaz, de tal forma que, para conseguir la igualdad con otras provincias, este territorio de Soria requeriría de criterios diferentes.

Diputación expresa, en definitiva, su rechazo a cualquier reforma del sistema de financiación nacional o autonómica que no contemple las particularidades de los territorios despoblados y con dificultades orográficas.

El portavoz del Grupo Popular, José Antonio de Miguel, ha recordado en la moción que el sistema actual de financiación autonómica entró en vigor en 2009 y lleva caducada su vigencia desde 2014, por lo que urge, según ha resaltado, su reforma para dotar de suficiencia financiera a las Comunidades Autónomas con recursos suficientes que les permitan prestar los servicios públicos fundamentales, tanto en el presente como en el futuro.

“Lo que está en juego es la financiación de la sanidad, los servicios sociales y la educación, así como el resto de servicios vinculados al territorio, que se prestan por parte de las Comunidades Autónomas. Estas necesidades de financiación han de fijarse atendiendo al coste real y efectivo de los servicios públicos, de forma homogénea en todos los territorios, creando un catálogo de servicios comunes. Ese es el único camino posible para garantizar la igualdad de los españoles y así evitar desequilibrios territoriales”, ha resaltado.

Ante los datos recientemente publicados, junto con el contenido de los informes “cumpliendo” del Gobierno de España, se ha constatado, según ha señalado De Miguel, que la nueva propuesta de financiación excluye criterios fundamentales como la despoblación y la orografía.

“Esta decisión afecta de manera directa a territorios como la provincia de Soria, que enfrentan serios retos demográficos y geográficos para la prestación de servicios públicos esenciales”, ha advertido.

El Ministerio de Hacienda ha justificado esta exclusión bajo el argumento de que solo unas pocas comunidades autónomas, como Castilla y León, Aragón y Cantabria, han solicitado que estos factores sean incluidos en el reparto de fondos.

Por su parte, el PSOE, a través de Carlos Martínez, ha rechazado la urgencia y el contenido de la moción, en un debate que no corresponde a la institución y “va trufado” de posicionamientos falsos.

Martínez ha asegurado que no existe una propuesta del Gobierno para este Consejo Fiscal para abordar la nueva financiación autonómica, por lo que ha acusado al PP de enmascarar, con su moción, el vacío de contenidos en el pleno.

El proclamado secretario general del PSOE en Castilla y León ha pedido al PP que convenza a sus compañeros de partido en otras comunidades autónomas, para consensuar una propuesta que recoja los criterios de despoblación y superficie, y se ha comprometido a hacerlo él con los presidentes autonómicos del PSOE.

El diputado de Vox ha rechazado la urgencia de esta moción, al ser un asunto de Estado, y ha señalado que la situación política en el Congreso de los Diputados es impensable, por lo que ha pedido “resetear” e ir a elecciones para abrir una cuenta nueva.

De Miguel ha reconocido la dificultad de reformar el sistema de financiación, para encajar los distintos intereses de las comunidades, pero ha rechazado que Hacienda alegue “una mayoría de comunidades” para descartar una medida cuando al mismo Gobierno de Pedro Sánchez le es indiferente que el rechazo sea mayoritario para otras decisiones de financiación.

“ Existe una clara mayoría de comunidades en contra, por ejemplo, de la condonación de deuda a Cataluña y más aún, frente al llamado Cupo catalán. Así se conoce a la financiación singular arrancada por Esquerra y Junts al Gobierno central para alarma del resto de territorios de régimen común ya sean los gobernados por el PP como por el propio PSOE”, ha recalcado.

Ni la despoblación ni la orografía son factores vigentes en el sistema actual, diseñado en 2009 por el Gobierno de Zapatero, pero es el propio Ministerio actual de María Jesús Montero el que mostró disposición a añadirlos para la futura reforma en un documento de 2021.

De Miguel ha denunciado que el Gobierno ha desarrollado una Estrategia Nacional para garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio, pero sin embargo, esta estrategia no se ha traducido en acciones concretas para Soria, que sigue sin recibir infraestructuras esenciales, inversiones suficientes o incentivos reales para frenar el éxodo de su población.