Apoyo unánime para que Junta participe en convenio Diputación-Obispado para conservación de iglesias
Las Cortes de Castilla y León han aprobado hoy, en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la proposición no de ley defendida por Soria ¡Ya! para que la Junta de Castilla y León se reincorpore al convenio de colaboración que mantienen desde 1996 el Obispado de Osma-Soria y la Diputación Provincial de Soria, destinado a la conservación y reparación de iglesias y ermitas en municipios de la provincia con una población igual o inferior a 500 habitantes, siempre que no estén declarados o incoados como Bien de Interés Cultural.
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La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios presentes en la comisión.
El procurador soriano Juan Antonio Palomar ha defendido la propuesta recordando que "la conservación del patrimonio en la España interior no debería ser un lujo, sino un servicio público, porque con ella se fomenta la igualdad territorial para la España vaciada".
En su intervención ha subrayado que, en muchos pueblos sorianos, las iglesias y ermitas son "el centro comunitario, la identidad del municipio, el edificio mejor construido y, a menudo, el único espacio de encuentro colectivo".
Palomar ha destacado la eficacia del convenio entre el Obispado y la Diputación, que desde los años noventa ha permitido rehabilitar más de 170 templos en la provincia, gracias a un modelo de intervención ágil, transparente y ajustado en costes.
"Con pequeñas aportaciones se han salvado cubiertas, torres, bóvedas o carpinterías en decenas de localidades, evitando daños irreparables», ha explicado. Sin embargo, ha denunciado que la retirada de la Junta en 2011 supuso «una pérdida notable", dejando a las parroquias y a la administración provincial solas ante un reto que excede su capacidad financiera
El procurador de Soria ¡YA! ha insistido en que no se trata de duplicar lo que ya financia la Junta en bienes declarados BIC, sino de «complementar donde la Junta no llega», asegurando corresponsabilidad autonómica en la conservación de un patrimonio rural vulnerable.
"Cada euro invertido a tiempo en la reparación de una cubierta ahorra varios más en el futuro y evita la ruina definitiva", ha señalado.
La iniciativa aprobada insta a que la participación de la Junta se garantice durante varios ejercicios presupuestarios consecutivos, con prioridad a las patologías estructurales y a los riesgos de seguridad. Asimismo, se plantea que se publique anualmente una memoria pública con las actuaciones realizadas, importes invertidos y municipios beneficiados.
Para Soria ¡Ya!, este acuerdo representa «responsabilidad cultural, equidad territorial y buen gobierno». Palomar ha concluido su intervención recordando que «cuando se derrumba una iglesia en un pueblo de 80, 120 o 300 habitantes, no se cae solo un edificio: se pierde memoria, cultura e identidad colectiva».
Sin la colaboración de la Junta desde 2010
La Junta de Castilla y León participó en este convenio desde 1996 hasta la anualidad de 2010, firmada en 2011. Su retirada se justificó con la decisión de concentrar la inversión autonómica en bienes declarados Bien de Interés Cultural (BIC), en un contexto de recortes tras la crisis económica de 2008.
Esta medida dejó fuera a centenares de iglesias y ermitas rurales sin esa catalogación, muchas de ellas en riesgo de ruina.
Desde entonces, el convenio se ha sostenido únicamente con las aportaciones del Obispado, las parroquias y la Diputación Provincial de Soria.
Sin embargo, la Diputación, con un presupuesto limitado y competencias muy amplias, no dispone de la capacidad financiera suficiente para dar respuesta a la magnitud del problema. Cada año solo puede atender a un número reducido de templos, dejando a decenas de pueblos a la espera de una intervención.
Los distintos presidentes de la institución han reconocido públicamente estas limitaciones y han subrayado que resulta imposible, con los fondos disponibles, dar cobertura a todo el patrimonio que necesita actuación, lo que refuerza la necesidad de que la Junta vuelva a implicarse.
La ausencia de la Junta ha supuesto, en la práctica, una desigualdad territorial, ya que los municipios más pequeños y envejecidos han quedado sin el respaldo autonómico necesario para garantizar la conservación de un patrimonio que es, además de arquitectónico, un símbolo de identidad y cohesión comunitaria.
