La participación de Castilla y León en deuda total de comunidades se mantiene desde 2013 en el 4 por ciento
La participación de Castilla y León en la deuda total de las comunidades autónomas se mantiene desde 2013 en el 4 por ciento, según el informe aprobado por el pleno del Consejo de Cuentas de la Comunidad.
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El Pleno del Consejo de Cuentas ha aprobado el informe sobre el “Análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, ejercicio 2023”, que ya ha sido enviado a las Cortes.
Es un informe específico sobre endeudamiento, realizado por segundo año consecutivo, complementario al de la Cuenta General de la Comunidad. Una auditoría combinada, operativa y de legalidad, consistente en evaluar el endeudamiento del sector público autonómico, tanto desde el punto de vista de las entidades, como en términos de contabilidad nacional, verificando la normativa en materia de estabilidad presupuestaria.
En el pasivo del balance consolidado de 2023 figura un endeudamiento de la Administración autonómica de 16.980 millones de euros, compuesto por deudas con entidades de crédito por importe de 10.042 millones, emisión de obligaciones y bonos en una cuantía de 3.645 millones, otras deudas cifradas en 770 millones, deuda comercial en 2.474 millones y pasivos por impuesto diferido en 48 millones. Su incremento con respecto al año anterior es del 3,5%.
En 2023 aumentó el endeudamiento tanto por deuda con entidades de crédito, 529 millones, como por la deuda derivada de emisiones de obligaciones y bonos realizadas, 31 millones, además del aumento de la deuda comercial, 57 millones
La Administración general tiene en su balance deudas con entidades de crédito por un total de 9.576 millones (a largo plazo y a corto plazo), lo que supone un incremento del 5,96 por ciento respecto a 2022.
En los próximos cinco ejercicios tendrá que hacer frente a la amortización de 6.609 millones, la mitad del importe total, y en diez años tendrá que asumir el vencimiento del 86,95 por ciento del saldo de deuda viva.
Al cierre de 2023, el volumen total de deuda en términos de contabilidad nacional, que es la computada por la Unión Europea para el control del déficit (Protocolo de Déficit Excesivo) en Castilla y León ascendía a 13.865 millones, con un incremento interanual de 543 millones (4,1%).
Teniendo en cuenta que la deuda total de las comunidades autónomas ascendió a 325.324 millones, la participación de Castilla y León continúa en el 4%, el mismo porcentaje desde 2013.
Calificación
La agencia de calificación Moody`s mantiene desde 2018 la deuda a largo plazo de Castilla y León dentro de la categoría de inversión de grado medio inferior (Baa1), mismo rating que la deuda de España.
La calificación asignada en 2023 fue Baa1 con perspectiva positiva.
En 2023 Castilla y León tuvo un déficit del 0,72 por ciento del producto interior bruto, inferior al del total de las comunidades autónomas (-0,92%), según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Dicho porcentaje en 2022 era del 1,1% para la Comunidad.
El porcentaje de la deuda sobre el producto interior bruto en Castilla y León fue del 19,6%, inferior al 20,7% de 2022, y también al del conjunto de las comunidades, que en 2023 se situó en el 21,7%, La ratio más alta la tuvo la Comunidad Valenciana (41,6%) y la más baja la Comunidad Foral de Navarra (11,8%).
La deuda por habitante en Castilla y León en 2023 era de 5.825 euros, un aumento de 210 euros por habitante (3,74%) más que en 2022, inferior al conjunto de las comunidades, que asciende a 6.773 euros por habitante.
La deuda de Castilla y León está compuesta por préstamos que suponen el 74,03 por ciento del total, un porcentaje menor que para el total de las comunidades autónomas (85,60%), y por valores representativos de deuda, cifrados en 3.600 millones, computados en su totalidad a largo plazo.
Los préstamos, por importe de 10.265 millones, proceden en su mayoría de entidades financieras residentes (6.461 millones) además del fondo de financiación de las comunidades autónomas (1.966 millones), de préstamos procedentes del resto del mundo (1.592 millones), de préstamos imputados a contratos de asociación público- privada para construcción de infraestructuras (246 millones) y de factoring sin recurso (sistema de anticipo por entidades financieras del cobro de deudas asumiendo el riesgo de impago) por 12 millones.
Desde 2021 ha cambiado la tendencia en la comparativa de la evolución de los préstamos de instituciones financieras residentes, siendo su importe superior con respecto a la media nacional ponderada por el PIB (4.851 millones).
En 2023 el importe que debían las comunidades autónomas procedente de préstamos del Fondo de Financiación Autonómica era de 197.968 millones de euros.
La diferencia en el acceso a este fondo entre Castilla y León y el resto de las comunidades aumenta desde 2020 en comparación con la media nacional ponderada por el PIB (23.516 millones).
La evolución de la Comunidad en lo referente a los préstamos procedentes de entidades no residentes (resto del mundo), tiende a la convergencia con la media nacional ponderada por el PIB tras el aumento en Castilla y León desde 2020, que ha disminuido ligeramente en el ejercicio fiscalizado. Los préstamos imputados a la colaboración público-privada mantienen la tendencia descendente desde 2014.
La ratio deuda sobre ingresos corrientes en Castilla y León se situó en 2023 en el 140 por ciento, lo que supone 28 puntos porcentuales por debajo de la media de las comunidades (168%). Cuatro comunidades (Castilla- La Mancha, Región de Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana) superan el 200%.
Los gastos financieros en la liquidación del presupuesto de Castilla y León supusieron en 2023 un 1,75% del total de las obligaciones reconocidas netas. Es el segundo indicador más alto de las comunidades autónomas, después de la Comunidad de Madrid, y se sitúa 0,35% por encima de la media del total de las comunidades.
La carga financiera sobre los ingresos corrientes en Castilla y León fue del 15,39% en 2023, un 0,75% más que en el ejercicio anterior. Hay cinco comunidades con una carga menor, aunque el indicador para el total de las comunidades autónomas es del 21,23%.
El coste de la deuda a nivel presupuestario en Castilla y León, definido como la relación entre los gastos financieros a nivel presupuestario y la deuda, está en el 1,61% en 2023, cuando la media de las comunidades ascendía al 1,10%. La mayor brecha entre la Comunidad y el total de comunidades se dio en 2016 y desde entonces no ha dejado de disminuir la diferencia, hasta situarse en 0,51 puntos en 2023.
Sobre la estabilidad presupuestaria.
La referencia del déficit para 2023 en porcentaje del PIB se fijó en el 0,3% para las comunidades autónomas de régimen común y en el 0,6% para las de régimen foral. Las comunidades registraron un déficit de 13.254 millones de euros, lo que equivale al 0,92% del PIB. Castilla y León registró un déficit de 510 millones (0,7% del PIB).
El valor de referencia del límite de deuda de las Administraciones Públicas es del 60% del PIB. La deuda de referencia de Castilla y León en 2023 fue un 19,4% del PIB.
El gasto computable del ejercicio 2023 para las comunidades autónomas fue de198.567 millones de euros, lo que implica una tasa de variación del 9,3% con relación al año anterior. Para la Comunidad de Castilla y León el gasto computable de 2023 ascendió a 10.160 millones, lo que supone una tasa de variación del 8,1%.
Recomendaciones
Como consecuencia del resultado de la fiscalización, el Consejo de Cuentas mantiene las dos recomendaciones del ejercicio anterior.
En primer lugar, sería recomendable que la Consejería de Economía y Hacienda inste la actualización del artículo 191 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público, que define la deuda de la Comunidad, para incluir, al menos, la deuda de todas las entidades que forman parte del perímetro de consolidación.
Por otra parte, teniendo en cuenta el volumen de pasivos contabilizados en el balance consolidado, sería aconsejable que la Comunidad vigilara el comportamiento tanto del indicador de endeudamiento general, como de los índices de autonomía financiera y de estabilidad, para cambiar su evolución con el fin de garantizar una mayor generación de recursos propios que sea suficiente para atender las necesidades económicas.
