Sentencia pionera a favor de trabajadoras de residencia

Una sentencia del Juzgado de lo Social de Soria ha reconocido el derecho que tienen veintidós trabajadoras de una residencia de mayores de Soria, afectadas por Covid 19, a cobrar la totalidad del importe de la baja laboral, por considerarse un accidente laboral.

El secretario general de la FSP-UGT de Castilla y León, Tomás Pérez Ureña, acompañado del secretario general de UGT en Soria, Lozano, ha comparecido en rueda de prensa para explicar el contenido de la sentencia del TSJCyL favorable a veintidós trabajadoras de la residencia "El Parque", de Soria, que contrajeron el Covid 19 y estuvieron de baja.
Pérez ha resaltado importancia de la sentencia, para la que tiene que haber una denuncia y personas que vigilen para que la ley se cumpla, por lo que ha agradecido a las trabajadores, a la secretaria provincial de la FSP-UGT y al secretario general de UGT en Soria.
"Si es un trabajo pionero es porque han tenido la valentía de denunciarlo", ha recalcado.
Pérez Ureña ha señalado que es fácil hacer un decreto, porque el papel lo aguanta todo, y lo difícil es que se cumpla.
En este sentido ha asegurado que hasta el Covid Castilla y León sólo tenía cuatro inspectores para vigilar las residencias y ahora la Junta ha decidido contratar nueve para toda la Comunidad.
"A la Junta no le importa las condiciones que tienen los trabajadores. Hay 1.200 centros asistenciales, y sólo 18 de titularidad pública, en la Comunidad. En los centros asistenciales privados, la Junta y la residencia lo ven como un negocio, que está en regatear derechos y salarios", ha denunciado.
Pérez ha subrayado que esta sentencia, que reconoce 11.000 euros a las 22 trabajadoras, se puede extrapolar a todas las residencias en España.
El secretario general de UGT de Soria, Alberto Lozano, ha explicado que dos decretos del Gobierno durante estado de alarma apuntaban que todos los trabajadores de servicios sociosanitarios que cayeran de baja se entenderían como accidente de trabajo.
"La empresa CLECE lo que ha hecho es no abonarles el porcentaje que tenía que complementar durante el cuarto al 21 días. Entendemos que es una penalización a trabajadoras que han estado directamente enfrentándose al Covid en los peores momentos", ha señalado Lozano.
Lozano ha señalado que los trabajadores del Sacyl que han recibido una merecida paga por trabajar durante el Covid y que debería extenderse a trabajadoras de residencias.
"Esta empresa ha hecho negocio con el salario de los trabajadores y no lo podemos consentir", ha denunciado.
Lozano ha recordado que en acto de conciliación con la empresa no se llegó a ningún acuerdo y se planteó entonces un conflicto colectivo, en el que una sentencia del juzgado de lo social de Soria, pionera en Castilla y León, y "no tenemos constancia a nivel nacional donde se haya ganado este complemento".
La empresa ha argumentado, "con excusas de mal pagador", que las trabajadoras tenían que demostrar que se han contagiado en su puesto de trabajo, cuando el decreto del Gobierno establece que se entiende probado que lo han cogido trabajando en su puesto de trabajo.
Los servicios jurídicos de UGT está estudiando reclamar algún tipo de indemnización.