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Los máster de dos años perjudican especialmente a Soria

El diputado socialista Félix Lavilla denuncia el encarecimiento de los estudios universitarios

El diputado socialista Félix Lavilla ha acusado hoy al Gobierno de España de penalizar a los universitarios de provincias como Soria, sin un campus universitario con mucha oferta educativa, al aumentar sus cargas económicas con la reforma aprobada para transformar de uno a dos años la realización de máster.

Lavilla, que ha lamentado hoy en rueda de prensa que el Gobierno haya aprobado esta reforma sin consenso y "a traición", ha explicado con números este cambio, que supondrá que una familia con un alumno universitario pase de pagar 1.800 euros de matrícula para los grados a entre más de 4.000 a 8.000 euros por el máster elegido, una cifra a la que hay que sumar los gastos en alojamiento en la ciudad en la que curse sus estudios y los libros.

"Es un paso más para no mirar a los alumnos por el rendimiento escolar sino por el dinero; es una vuelta de tuerca más en el avance de la desigualdad", ha acusado.

Lavilla, que ha reconocido que los máster de dos años también están en marcha en varios países europeos, ha lamentado que además las becas universitarias hayan bajado en esta legislatura, a pesar de subir el precio de las matrículas.

De los 15.821 alumnos universitarios matriculados en el último curso en Castilla y León, 1.793 recibieron becas, apenas un 11,3 por ciento, por un importe total de 3.249.522 euros y una media de 1.812 euros por alumno becado.

En el curso 2013-2014, 4.291 alumnos realizaron un máster en Castilla y León.

Ahorro de 150 millones

El Partido Popular, en su réplica, ha recordado que en los países con los sistemas universitarios de mayor calidad, el sistema universitario está diseñado como ha propuesto el Gobierno, "un sistema flexible con el que la mayoría de los rectores están de acuerdo y que, de hecho, propusieron en su informe de 17 de octubre de 2006".

Además  ha señalado en un comunicado que serán las propias universidades las que lo implanten de forma voluntaria y con completa autonomía.  

En su opinión, la reducción en un año académico de la obtención del título de grado supondrá para las familias un ahorro de 150 millones de euros.

 

 

 

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