El PP pide cese de técnico que adjudicó contrato irregular de mantenimiento en piscina de la Juventud
El PP ha pedido el cese del personal laboral que se ha encargado de adjudicar el contrato menor de las obras de mantenimiento de la piscina de La Juventud, por las irregularidades detectadas en el procedimiento. Este trabajador, según han denunciado, no tiene compatibilidad laboral y adjudica obras a empresas donde es el administrador único.
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Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Saturnino de Gregorio y Javier Jiménez, han comparecido en rueda de prensa para denunciar las obras de mantenimiento en la piscina de la Juventud, que han generado un acta de inspección y la correspondiente multa de Trabajo por la utilización de trabajadores sin papeles el pasado 8 de junio
De Gregorio ha explicado que el contrato de mantenimiento se llevó a comisión de contratación el 24 de junio, donde el PP apuntó una serie de irregularidades.
“No se describe en qué consiste la obra ni las actuaciones a realizar, sin decir para qué y a un precio superior al fijado por Tragsa, al que se puede recurrir siempre”, ha señalado.
Se fija horas de peón y oficial sin conocer referencia. El importe tampoco concreta el precio del material utilizado. Se piden cinco ofertas y se presentan dos licitadores, ha explicado De Gregorio.
“A uno se le dio cuatro días y a los demás diez, una clara irregularidad a nuestro juicio”, ha lamentado.
Además se adjudicó el contrato antes de agotar el plazo a uno de los licitadores, “otra irregularidad”.
Todavía el técnico, dos meses después, no ha dado explicaciones.
El acta de inspección ha traido desagradables sorpresas al PP, según ha reiterado De Gregorio.
Se ha constatado que hay dos personas que no cuentan con autorización para residir y trabajar en España. Y otras tres personas, no cuentan autorización para trabajar. Otra persona tiene permiso de residencia y de trabajo limitado al sector del transporte. Y hay cuatro personas trabajando que no figuran de alta por cuenta de la empresa adjudicataria del contrato.
“Nos la atención la sociedad mercantil, porque el administrador único es personal laboral del propio Ayuntamiento. No es de recibo y vamos a pedir el cese de esta persona, no solo por esto. El Ayuntamiento debe iniciar investigación por las obras concedidas. Esta persona no tiene compatibilidad y por tanto no puede trabajar en ningún ámbito. Y nos costa que tiene dos empresas con actividad”, ha denunciado.
De Gregorio ha pedido al alcalde que abra expediente para cesarlo y dé cuenta de todos los contratos habidos.
Además el concejal del PP ha pedido que cautelarmente aparte a este personal laboral de todo tipo de contratos menores y que a empresa adjudicataria, con estas irregularidades, que no se le invite a ninguna obra.
El empleado está adscrito a departamento de Servicios Locales, que dirige Ana Alegre.
No hay ningún tipo legal de subcontratación, porque nadie lo pide en el procedimiento.
De Gregorio ha señalado que están estudiando otras medidas o instancias a las que acudir.
Ha preferido no calificar este caso como corrupción, a falta del expediente informativo que debe abrir el alcalde de la ciudad.
Historia
El Ayuntamiento de Soria adjudicó el 4 de junio a una empresa de la capital unas obras menores (<15.000 euros) de reparación en las instalaciones de la piscina de La Juventud.
Esta adjudicación se realizó con una serie de anomalías ya puestas de manifiesto por el Grupo Municipal Popular en la Comisión de Vigilancia de la Contratación: presenta un informe técnico sin explicar las actuaciones que se van a realizar, el coste trabajador/hora es casi el doble que el de otras empresas y la empresa no abre la notificación y el contrato se adjudica antes de que finalice el plazo que tenían otras empresas que sí recibieron la notificación
En el acta sancionadora aparece el nombre de una empresa, cuyo dueño (el administrador único) es el propio técnico encargado de adjudicar dichas obras, con la cual, la empresa sancionada, reconoce, que comparte trabajadores de forma habitual.
"Nos preguntamos que relación hay entre el técnico municipal y esa empresa a la que adjudica obras regularmente y con la que “comparte” empleados", ha señalado hoy De Gregorio.
El técnico, como personal laboral, no tiene compatibilidad para desarrollar ese tipo de actividad, por lo que esconde su participación a través de la subcontrata de sus propios trabajadores.
En el pleno celebrado el pasado 12 de septiembre el propio alcalde Carlos Martínez entonó el mea culpa por no haber vigilado esa contratación.
El PP ha denunciado que en este mismo pleno, el alcalde mintió acerca de la sanción, asegurando que solo tendrían que pagar el 50 por cviento por pronto pago, cuando deberán abonar los 7.500 euros al completo por haberse producido alegaciones.
"Exigimos de inmediato el cese del técnico implicado en esta trama de contrataciones y adjudicaciones irregulares. Es inadmisible que un empelado municipal pudiera estar utilizando su cargo para lucrarse a través de adjudicaciones turbias. Instamos al Equipo de Gobierno a que sea lo transparente que se espera de una administración municipal y que inicie una investigación para depurar responsabilidades", han reiterado.
