Violencia de género: 544 denuncias diarias en España durante 2024

En España se interponen 544 denuncias diarias por violencia de género. De ellas, 16 denuncias se registran en Castilla y León, según la 13 edición del informe “Violencia de género y empleo”, realizado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, en colaboración con 18 empresas colaboradoras.

En 2024, las denuncias por violencia de género en España se situaron en 199.094, una cifra muy similar a la del año anterior (199.282) y que equivale a una media de 544 denuncias diarias.

Esta estabilidad, tras varios ejercicios de crecimiento sostenido, marca una fase de consolidación en la visibilización y denuncia de la violencia de género.

Desde el punto de inflexión que supuso la pandemia, cuando las denuncias descendieron drásticamente por las dificultades de acceso a la ayuda, los datos han mostrado un repunte continuado hasta alcanzar una meseta alta, en torno a las 200.000 denuncias anuales.

Este comportamiento refleja tanto la persistencia del problema como el progreso social e institucional en la detección y denuncia de los casos.

En efecto, el leve descenso registrado en 2024 (-0,1%) no representa un retroceso significativo, sino que más bien sugiere una estabilización del sistema de respuesta.

Las cifras muestran que la confianza de las mujeres en los mecanismos de protección y justicia se mantiene firme, en un entorno cada vez más preparado para acompañarlas en su proceso de denuncia y recuperación.

En esta evolución han influido de forma positiva la creciente sensibilización social -favorecida por la amplia difusión mediática y las campañas de concienciación-, así como el refuerzo de los recursos institucionales: atención psicológica, asesoría jurídica y canales de denuncia más accesibles.

En Castilla y León se registran 16 denuncias diarias por violencia de género

Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el mayor número de denuncias por violencia de género, con 40.168 casos (20,2%), seguida de la Comunidad de Madrid (16,1%), la Comunidad Valenciana (13,9%) y Cataluña (12,8%).

En Castilla y León concretamente, se interpusieron en 2024 un total de 6.052, es decir, una media de 16 denuncias diarias por violencia de género.

En gran parte de las regiones se repite el patrón nacional de ligero descenso en las denuncias, pero en Castilla y León esta caída (-4,7%) es algo más acusada que la registrada a nivel estatal (–0,1%).

Este mayor descenso podría responder a factores coyunturales, ya que en 2023 se produjo un notable aumento de denuncias, posiblemente vinculado a campañas institucionales más activas, mayor sensibilización social o refuerzo temporal de recursos policiales y judiciales.

En 2024, el número de denuncias podría haberse estabilizado tras ese pico excepcional, según apunta el informe.

Frente al descenso registrado a nivel nacional y en regiones como Castilla y León, existen algunas excepciones significativas de comunidades donde las denuncias aumentan.

Navarra lidera el crecimiento (+26,4% de denuncias respecto a 2023), seguida de la Comunidad de Madrid (+6,5%), Castilla-La Mancha (+2,9%), País Vasco (+2,5%) y Cataluña (+2,1%).

Este aumento refleja tanto una posible mayor disposición a denunciar como la persistencia del problema en el ámbito social y familiar. C

oncretamente, estas subidas podrían estar relacionadas con una mayor sensibilización y confianza institucional, así como con el efecto de concentración urbana, que ofrece más canales de denuncia y servicios especializados.

Según datos del INE, actualmente se contabilizan 34.684 mujeres víctimas de violencia de género con orden de protección o medida cautelar.

Si bien esta cifra refleja un primer descenso tras un incremento continuado desde 2019, sigue siendo un 9% superior a la registrada en ese año, lo que evidencia que la violencia de género continúa siendo una realidad de gran magnitud y persistencia en nuestra sociedad.

Es reseñable que casi la mitad (47,7%) de las víctimas en 2024 tenía entre 30 y 44 años, una franja de plena actividad laboral y con frecuencia asociada a responsabilidades familiares.

Asimismo, en 2024 se registraron 1.758 menores (hijos, en guarda o custodia o que conviven) víctimas de violencia de género correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección.

Sin empleo aumenta la vulnerabilidad de las mujeres víctimas

Resulta complejo establecer una relación causal directa entre la situación laboral y la protección frente a la violencia de género.

Conviene insistir en que la responsabilidad en estos casos recae exclusivamente en la persona agresora, nunca en la víctima ni en sus circunstancias personales.

No obstante, los datos reflejan que el desempleo actúa como un factor de vulnerabilidad añadida, que limita la capacidad de las mujeres para romper con el ciclo de la violencia.

Así, el 67,8% de las mujeres encuestadas no tenía trabajo en el momento en que comenzaron las agresiones, lo que sugiere que la falta de independencia económica, de recursos propios y de autoestima puede dificultar la detección temprana, la denuncia y la posibilidad de romper con el ciclo de la violencia.

Esta vulnerabilidad se manifiesta en el plano emocional: nueve de cada diez mujeres (91%) afirma que, en ausencia de un empleo, se sienten más dependientes y aisladas.

La falta de trabajo dificulta su salida de entornos de violencia, agravando su sensación de inseguridad y exclusión social. Por el contrario, el empleo actúa como un factor clave de protección y fortalecimiento personal, permitiendo que muchas mujeres rompan el círculo de violencia.

Por el contrario, el empleo se convierte en un elemento de protección y resiliencia. Tener una ocupación no garantiza la erradicación de la violencia, pero sí contribuye significativamente a reducir su impacto y a prevenir su repetición.

Las mujeres que han logrado acceder a un puesto de trabajo destacan el cambio que supone esta nueva etapa: el 72% considera que trabajar reduce la probabilidad de volver a sufrir una situación de violencia, al proporcionarles autoestima (87,5%), estabilidad económica (84,2%) y una red de contactos más amplia (69,1%)“

El impacto de la dependencia económica sobre las mujeres víctimas

La dependencia económica sigue siendo uno de los principales factores que condicionan la capacidad de las mujeres víctimas de violencia de género para romper con la situación que atraviesan.

En este sentido, un 68,4% de las mujeres víctimas en desempleo afirma haber sufrido amenazas o presiones económicas directamente relacionadas con su falta de ingresos.

Estas formas de violencia económica adoptan diversas manifestaciones: la retención o el racionamiento del dinero destinado a gastos básicos, las amenazas de no asumir los gastos de los hijos e hijas si no se cumplen determinadas exigencias, o el boicot activo a la búsqueda de empleo, mediante acciones como apagar el teléfono móvil, ocultar documentación o impedir que la mujer asista a entrevistas o cursos de formación.

¿Y cuáles son los principales frenos para acceder al mercado laboral?

Entre los principales destacan el desconocimiento a la hora de plantear la búsqueda de empleo (65,3%), la baja autoestima (64,2%), las responsabilidades de cuidado no compartidas (51,7%), el miedo a ser localizada por la persona agresora en el puesto de trabajo (46,4%) o las limitaciones en el acceso a recursos digitales, derivadas tanto de la falta de medios tecnológicos como del control ejercido por la persona agresora sobre el correo electrónico y otros canales de comunicación (35%). Estas barreras, en muchos casos interconectadas, no solo limitan sus oportunidades laborales, sino que profundizan el sentimiento de aislamiento y dependencia.

Miedo, estigma y prejuicios en el acceso al empleo

Cuando consiguen acceder a un proceso de selección, muchas de las mujeres que han sufrido violencia de género arrastran inseguridades y temores derivados de su experiencia previa.

Estas emociones pueden influir en su autopercepción y en la manera en que se presentan ante un posible empleador.

De hecho, tres de cada cuatro mujeres (75%) prefiere no revelar su situación de violencia de género durante las entrevistas de trabajo, por miedo a que esta información afecte negativamente a su candidatura.

Detrás de esta decisión subyace el temor a los prejuicios todavía presentes en la sociedad, y en el mercado laboral, que asocian a las mujeres víctimas con personalidades frágiles, dependientes o conflictivas.

La consecuencia de estos prejuicios es un proceso de búsqueda de empleo en el que predominan la cautela y la autocensura. Algunas mujeres optan por ocultar los periodos de inactividad en sus currículos o justificar los vacíos laborales con otros motivos, para evitar preguntas incómodas o actitudes discriminatorias.

Este miedo a ser identificadas como “víctimas” limita la posibilidad de acceder a apoyos específicos y refuerza la sensación de aislamiento.