Ocho de cada diez migrantes en siglo XXI se incorporó a población activa en España
Ocho de cada diez personas llegadas a España a lo largo de este siglo se han incorporado a la población activa, según el Informe sobre la Realidad Migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) y entregado esta semana por su presidente, Antón Costas, a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
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El documento, encargado por el Gobierno a principios de año, analiza el papel estructural de la migración en el desarrollo demográfico, económico y social del país, y servirá de referencia para reforzar una política migratoria integral, ordenada, humanitaria y con perspectiva de género.
El estudio señala que España necesitará incorporar 2,4 millones de personas al mercado laboral en los próximos diez años para mantener su nivel productivo, y que las personas migrantes serán esenciales para cubrir esa demanda, debido al previsible descenso de la población autóctona en edad de trabajar.
“El modelo migratorio español genera prosperidad compartida, y no lo decimos solo nosotros: nuestra política migratoria es reconocida en Europa, y fuera de ella, como ejemplo de equilibrio, eficacia y humanidad y parte de ese éxito radica en una convicción: las políticas públicas deben basarse en el conocimiento”, ha señalado Saiz.
Por su parte, Antón Costas ha destacado que “desde 2019, el ciclo inmigratorio en España ha entrado en una fase más madura. Después del pico alcanzado en 2024, el ritmo de crecimiento se ha moderado en 2025 y tiende a reducirse. Los impactos de la inmigración sobre el crecimiento, el empleo, la productividad y la demografía están siendo muy positivos, favorecidos por las reformas del Reglamento de Extranjería de 2022 y 2024.”
El presidente del CES ha añadido que “sin embargo, la percepción pública sobre la inmigración ha empeorado, posiblemente por la concentración en algunos espacios y la insuficiente cooperación interadministrativa en la gestión de los flujos de inmigración irregular.”
En este sentido, Costas ha señalado tres actuaciones necesarias “para mantener los impactos positivos y mejorar la percepción pública: una mayor coordinación entre administraciones, y una mejor integración social de las mujeres migrantes y de la infancia y juventud, sea cual sea su nacionalidad de origen.”
Migración, empleo y sostenibilidad
El informe del CES confirma que la población migrante representa ya una quinta parte de la población residente en España y resulta esencial para sostener el crecimiento económico, el empleo y las pensiones.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, los trabajadores extranjeros suponen ya el 7,4 por ciento del total de afiliados en Asturias, el 10,4 por ciento en Castilla y León y el 7,1 por ciento en Galicia, reflejando su papel clave en la sostenibilidad de los territorios con mayor reto demográfico.
En total, más de 3,1 millones de personas extranjeras trabajan actualmente en España, un millón más que en 2018, lo que demuestra la solidez de su aportación al mercado laboral.
Las mujeres representan ya el 43 por ciento del total de trabajadores foráneos, con 1.335.794 afiliadas.
Los datos de afiliación a la Seguridad Social revelan que el empleo funciona como palanca de integración.
La presencia de personas de otros países en nuestro mercado laboral crece mes a mes: el empleo extranjero en Régimen General ha crecido un 7,3 por ciento en el último año; los autónomos extranjeros alcanzan ya 494.246 personas, máximo histórico (+6,6%); los empleos de alta cualificación han crecido un 27 por ciento en Información y Comunicaciones y un 18,8 por ciento en profesiones científicas y técnicas y hoy hay un millón más de cotizantes extranjeros que en 2018; de hecho, tres de cada cuatro nuevos empleos creados desde 2019 han sido ocupados por personas migrantes.
