TRIBUNA / Europeizando la rebelión

TRIBUNA / Europeizando la rebelión 

La semana pasada hablaba, en esta Tribuna de El Mirón de Soria (“Ese oscuro 82”), del hachazo que supuso para nuestra incipiente democracia la victoria de un PSOE que, a reglón seguido, se cargó la separación de poderes, con la aquiescencia del PP –de ahí lo de la ‘PPSOE’- para que el líder votado pudiera, a partir de su elección, hacer lo que le diera la gana sin ningún respeto al aparente Estado de Derecho.

A partir de entonces ha habido muchos de la utilización de los tribunales para sacar las castañas del fuego a los imperantes y su séquito y también de algo mucho peor como es la ‘pena de telediario’ con la que se obsequiaba a otros que no gustaban tanto, deteniéndolos para ofrecer ese espectáculo por televisión. Esto, créanme, nunca pasaría en un país auténticamente democrático y con separación de poderes. Nunca.

Poco tiempo ha tenido que pasar para que la denuncia recogida en “Ese Oscuro 82” se viera de nuevo confirmada con una acción del gobierno del PSOE que, viendo insuficiente el apabullante trato de favor dispensado por el Poder Judicial a sus socios independentistas para retener el Poder, tiene ahora que modificar el Código Penal como único camino para conseguirlo. Por eso esta semana ha anunciado que va a ‘europeizar’ –vulgo rebajar- los delitos por los que fueron condenados los golpistas catalanes para que sigan apoyando al gobierno que, de lo contrario, caerá. Y lo van a hacer. Claro que lo van a hacer. No pueden hacer otra cosa porque lo único que les interesa es mantener el poder a costa de lo que sea.

Para que todos podamos entenderlo, la ‘europeización’ que ahora presentan comenzó, en primer término, con la “ensoñación” de Marchena, presidente del Tribunal Supremo, que permitió que en lugar de imputar a los golpistas catalanes por el Delito de Rebelión que realmente cometieron (472 CP: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1º) Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; … 5º) Declarar la independencia de una parte del territorio nacional…”, penado en el 473 CP con “… y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo…”) todos fueran imputados, por su declaración de independencia de 2017, por un delito menor como es el Delito de Sedición (544 CP: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”, penado en el 545 CP con “1. Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo”).

A esta primera rebaja en sede judicial, le siguió después una segunda rebaja con el indulto en sede gubernamental y ahora, no contentos con estos dos atropellos al Estado de Derecho consecutivos, gracias a que en España no existe una separación de poderes ni una democracia reales, llega la tercera rebaja con la Proposición de Ley Orgánica que acaba de presentar el gobierno (PSOE-UP con el apoyo de ERC-ETA BILDU), calificada de ‘europeización de nuestro Derecho Penal’, que busca, con la mayoría en el Congreso previamente pactada entre los socios de Gobierno, derogar ese Delito de Sedición por el que los golpistas catalanes fueron condenados con suavidad para sustituirlo por otro denominado “Delito de Desórdenes Públicos Agravados” a los efectos de rebajar nuevamente sus condenas (ya que contemplará penas de 3 a 5 años de prisión y de 6 a 8 años de inhabilitación) gracias a la aplicación del 2.2 CP (“…tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena…”). Y todo ello para qué el gobierno del PSOE siga en el poder y sus socios ‘indepes’ puedan presentarse a los siguientes comicios. Así de sencillo.

Sorprende, no obstante, el pudor exhibido por el Gobierno que pretende justificar esta maniobra con la trasposición de directivas europeas en materia de lucha contra el fraude, falsificación de medios de pago, blanqueo de ganancias obtenidas con acciones delictivas y abuso de mercado. Sin embargo, a sus socios de ERC se les entiende mucho mejor cuando Pere Aragonés declaraba directamente que "hemos llegado a un acuerdo con el Estado para eliminar el principal delito que sufrieron los presos políticos por convocar el referéndum del 1-O» y que «seguimos trabajando para acabar completamente con la represión y poder votar en un referéndum".

En definitiva, un paso más, otro, hacia el fin definitivo de la democracia en nuestro país que debería poner en alerta al conjunto de la ciudadanía que trabaja en esta España nuestra al margen de las redes clientelares de los partidos y, especialmente, del gobierno, porque son los paganos de estos politiquillos que no representan a nadie y que nos aplican la ‘ley del embudo’, con suavidad para una clase política lamentable y con dureza para el resto de la ciudadanía. Estén atentos porque creo que este capítulo no ha terminado y que nos tocará tragarnos otros sapos porque muchos de esos golpistas fueron también condenados por malversación y porque la dichosa pena de inhabilitación no se pudo eliminar con el indulto. Por eso, estoy seguro que veremos alguna que otra maravilla jurídica más a lo largo de la tramitación urgente de esta proposición en el Congreso. ¡Estén atentos a los ‘regalos’ de esta Navidad!

Fdo: Mario González Casado. MAUTIKOABOGADOS