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Macrorenovables: burla a la participación ciudadana

Las plataformas y asociaciones en defensa de los territorios han pedido al Ministerio para la Transición Ecológica “y el Reto Demográfico”, que informe y escuche a la ciudadanía sobre el modelo del sistema energético centralizado que quiere implantar en los próximos años, con mayor protagonismo de la macrorenovables que amenazan a medio rural.

El Ministerio de Transició Ecológica y Reto Demográfico ha abierto un periodo de participación ciudadana para su presentación del próximo PNIEC (2023-2030) Enlace aquí: https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=607

Desde las plataformas y asociaciones en defensa de los territorios se han cuestionado en un comunicado el modelo democrático, con el que se están planteando, de nuevo en verano, las políticas y estrategias que ponen en jaque el futuro del campo español.

De nuevo en pleno verano, y sin apenas publicidad, más allá de los boletines oficiales o en sus propias redes sociales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para cubrir su expediente de transparencia y buen gobierno, intenta deslizar  las políticas y medidas que regirán durante los próximos años la implementación del modelo del sistema energético centralizado: la actualización del Plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC).

Una estrategia (PNIEC 2021-2030) que, a la vista de esta nueva propuesta parece se había quedado corta, y ahora amenaza con recrudecerse (PNIEC 2023-2030) y que además, que está provocando el caos en las administraciones competentes, ante las montañas de tramitaciones de macro plantas industriales de renovables (fotovoltaicas, eólicas, hidrógeno verde…) y que  fuerza, principalmente a las personas que habitan el medio rural, a tener que estudiar y analizarlas a marchas forzadas, utilizando las pocas herramientas disponibles para la ciudadanía.

Una ciudadanía, que vocea hasta la súplica, pidiendo una y mil veces, que se establezcan límites al desmesurado afán de lucro de las empresas energéticas, amparadas por las políticas y las administraciones europeas, estatales, regionales, y por suerte, cada vez menos administraciones locales y ayuntamientos, para lo que va a suponer una grave amenaza para el patrimonio natural y cultural, y para el futuro del medio rural, de la biodiversidad y de las personas que lo habitan.

Con este marco estratégico, desarrollado en torno al PNIEC, se pretende asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París: con él dicen facilitar la descarbonización y la modernización de la economía española, algo que es difícilmente abordable sin planteamientos de medidas de ahorro que eviten el despilfarro de energía y del abuso y la destrucción de enormes cantidades de suelos, principalmente agrarios, y de los bienes comunes: tierra, agua, minerales…, en definitiva, nuestros recursos.

"Nos encontramos con problemas reales tan graves que ponen en cuestionamiento este despliegue, tales como la falta de demanda de energía eléctrica o la ineficiencia de los sistemas de almacenamiento, que se plantean en base a tecnologías inmaduras como el hidrógeno verde o, técnicas tan agresivas como las centrales hidroeléctricas de bombeo, las potencias pico que saturan la red eléctrica, las infinitas subestaciones, tendidos eléctricos y líneas de transporte, que luego pagamos todos los consumidores en nuestras facturas de la luz", han advertido.

Justicia social y ambiental

Cómo puede formularse este proceso, en términos de justicia social y ambiental, si tal y como se proyecta el despliegue de las renovables, sin ordenación del territorio, ni una regulación y planificación estratégica adecuadas, supone una gravísima pérdida de suelo agroforestal, afectaciones a espacios naturales protegidos y a la sostenibilidad territorial, que amenaza entre otras a la alimentación o a la captura de CO2, o que incide en la pérdida neta de empleo rural y de un tejido productivo inestimable, como lo es el vinculado al sector primario o al del turismo.

El modelo de crecimiento sin límite se visibiliza en el progresivo vaciamiento de nuestros pueblos y espacios naturales, en las carencias y pérdida de gestión pública del agua. 

Tal y como se plantea todo este desarrollo, supone la estocada definitiva para muchos de ellos.

¿Se sabe cómo afectará este desarrollo, ya no solo a la salud del planeta, sino también a la de las personas? ¿O las repercusiones a largo plazo sobre el clima y el calentamiento global? ¿O dónde acabarán los millones de toneladas de residuos que generarán estas infraestructuras cuando termine su vida útil?

Son demasiadas las incertidumbres. Sin apenas información ciudadana objetiva y con las escasas herramientas para la participación, en este intenso modelo de transición energética, las plataformas han demandado a los gobernantes que se planteen estos procesos que ya están afectando al futuro inmediato de nuestro país, y sobre todo al de las generaciones venideras.

Existen propuestas alternativas que defienden un modelo diversificado, que ponen en el centro a las personas, al territorio, a la biodiversidad, que plantean una lucha real contra el cambio climático con sistemas que priman el autoconsumo, las comunidades energéticas, la eficiencia energética, el acercamiento de los centros de almacenamiento a las zonas de consumo, la priorización de las zonas antropizadas para el desarrollo de las renovables, la gestión de la estabilidad del sistema con la electrónica de potencia, y sobre todo, el dejar de priorizar la cuenta de resultados de las grandes empresas a través del extractivismo energético como objetivo principal.

 

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