El Supremo inhabilita por dos años al fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
CSIF rechaza, por "insuficiente", subida del 10 por ciento a empleados públicos
El alto tribunal ha adelantado este jueves el fallo de una sentencia que contará con el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados.
La resolución, según ha adelantado el Supremo, impondrá también a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el abono de las costas procesales del juicio, incluyendo las de la acusación particular que ejerció este empresario.
Cinco de los siete magistrados han considerado que el fiscal general del Estado incurrió en un delito de revelación de datos reservados recogido en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados”.
La decisión del alto tribunal, que es firme, supondrá la salida de Álvaro García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, donde llegó en julio de 2022.
Durante seis jornadas, García Ortiz se sentó en el banquillo acusado de filtrar a la prensa un correo del abogado de González Amador en el que reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda con el objetivo de llegar a un acuerdo con el fiscal que le investigaba. Este empresario está procesado por dicho fraude en un juzgado de Madrid.
Las acusaciones, en sus exposiciones finales, destacaron que la información de dicha confesión sirvió para elaborar la nota de prensa con la que la Fiscalía aclaró que era la pareja de Díaz Ayuso quien ofrecía un pacto al fiscal y no al revés, como se había difundido en varios medios y había transmitido el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.
Durante el juicio, García Ortiz negó rotundamente haber filtrado el 13 de marzo de 2024 el mencionado correo y recalcó que «la verdad no se filtra; la verdad se defiende».
Su defensa subrayó el valor del testimonio de varios periodistas que aseguraron que conocieron dicho correo antes que el fiscal general del Estado.
Siete acusaciones solicitaron para él un arco de penas que oscilaba de entre 3 y 6 años de prisión, y hasta 12 años de inhabilitación, así como la suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, mientras que la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, que ejercía la defensa, pedían la absolución.
Las acusación particular la ejerció la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y las populares el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Respeto y dimisiones
El Gobierno ha expresado este jueves su respeto a la decisión del Tribunal Supremo de condenar a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque no la comparte, y ha anunciado que pondrá en marcha su relevo en los próximo días.
En un mensaje a través de X, la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho que Sánchez “tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”, en este orden, unas palabras acompañadas de un vídeo del presidente en el que hablaba sobre las “falsas acusaciones y bulos” lanzados contra Ortiz.
Vox, por su parte, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones por “dignidad” y “coherencia política” tras las condena “impresionante e impactante” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
La líder de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado en su cuenta de la red social X que la condena estaba escrita “mucho antes de empezar el proceso”, y la ha atribuido a la ofensiva de la derecha contra el Gobierno.
