Los partidos podrán rastrear datos personales en redes sin consentimiento del afectado
El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles definitivamente el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que permitirá a los partidos políticos rastrear datos personales y opiniones políticas en redes sin necesidad del consentimiento del afectado para hacer perfiles ideológicos y personalizar la propaganda en campaña electoral.
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La propuesta ha sido aprobada con el voto en contra de Unidos Podemos, Compromís, Nueva Canarias y Bildu.
Según los juristas, las formaciones políticas podrán hacerlo porque estarán autorizados por ley para ello, de acuerdo a las modificaciones al texto inicial de la nueva normativa en su tramitación parlamentaria, a punto de ser concluida.
El texto del Proyecto de ley ha salido adelante en la Cámara Alta tal y como se aprobó en el Congreso de los Diputados ya que PSOE y PP han rechazado todas las enmiendas que habían sido presentadas por Compromís, Ciudadanos, PDeCAT y Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea.
La iniciativa legislativa comenzó su tramitación con el PP en el Gobierno.
De este modo, sale directamente para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su aplicación.
La polémica de esta ley ha surgido a raíz del citado artículo '58 bis' que establece que "la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas".
Además, el nuevo artículo indica que "los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral".
El nuevo artículo incluido abre la puerta a la ejecución de unas prácticas para los partidos que sin embargo son ilegales para el resto de colectivos, de acuerdo a la misma ley de Protección de Datos.
La normativa permite a los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el período electoral.
Además, de acuerdo a las modificaciones incorporadas al texto originario del proyecto de ley, no tendrán consideración de actividad o comunicación comercial ni el envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería ni la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes.
El abogado y delegado de Protección de Datos Jorge García, uno de los primeros juristas en dar la voz de alarma sobre el alcance de este artículo, advierte en su blog del riesgo que supone "dejar las manos libres a unas organizaciones con los máximos incentivos para utilizar cuantos medios tengan a su alcance para conseguir su objetivo: ganar elecciones y conseguir poder".
Paradójicamente, según los expertos, la supuesta motivación de la enmienda era evitar nuevos casos de usos ilícitos de información personal para fines electorales como ocurrió con el escándalo de la consultora "Cambridge Analytica" vinculada a la campaña que dio la victoria en EEUU a Donald Trump, tras tener acceso, analizar y diseñar algoritmos basados en datos personales de usuarios de Facebook sin su consentimiento.
Sin embargo, el panorama que se abre ahora con esta nueva ley en lo relativo al posible uso indiscriminado de datos personales para fines electorales "es mucho peor" que el planteado por Cambridge Analytica, advierte Adsuara.
La ley autorizará que los partidos políticos puedan utilizar datos personales sobre opiniones políticas de las personas en beneficio propio con fines electorales amparándose en un supuesto interés público y únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas, pero no se precisa nada respecto a esto último, añade el experto.
La esencia de esta ley es adaptar el ordenamiento español al nuevo reglamento europeo de protección de datos que entró en vigor el pasado 25 de mayo y que cambia las reglas de juego de las empresas al exigirles consentimiento expreso del afectado para poder usar sus datos para finalidades distintas a las iniciales para los que fueron recabados.
El objetivo es garantizar una mayor protección de la intimidad en el actual entorno digital en donde la privacidad personal resulta mucho más vulnerable y expuesta al público.
Podemos recurrirá al Constitucional
Tras haber sido aprobada en los términos, Unidos Podemos ha anunciado que la formación impulsará su modificación mediante una Proposición de Ley Orgánica y recurrirá al Tribunal Constitucional el redactado.
