Pardo propone aceptar la reclamación de pisos turístico y casas rurales a la tasa de basuras
El alcalde de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Antonio Pardo, propondrá a la Comisión de Hacienda aceptar la reclamación realizada por los propietarios de las casas rurales y pisos turísticos a la tasa de basuras.
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Si la comisión y el pleno posterior dan el visto bueno a esta decisión, los establecimientos enmarcados en los apartados I y K de la nueva ordenanza de basuras pagarán lo mismo que lo hace una vivienda común que no tiene este tipo de actividad económica.
De esta forma, no se parará el resto de la tramitación y la nueva normativa de basuras podrá salir adelante en los plazos previstos inicialmente. El Ayuntamiento debe ahora redefinir y estudiar las dos tipologías afectadas (pisos turísticos y turismo rural).
La nueva tasa de basuras burgense se aprobó en octubre de 2024 después de más de una década sin ninguna modificación.
El Ayuntamiento reajustó todas sus modalidades cumpliendo así su obligación legal de trasladar los costes al ciudadano.
En su periodo de exposición pública es cuando los propietarios de pisos turísticos y casas rurales presentaron la reclamación que ahora se pretende aceptar.
Si finalmente la tasa puede entrar en vigor en los tiempos previstos, para el segundo trimestre de 2025 se introducirán importantes novedades.
Destaca la reducción de los costes para el comercio tradicional que pasará a pagar 160,06 euros frente a los 326,72 que abonaba hasta la fecha.
Esta modificación se aplicará exclusivamente a los comercios minoristas.
Este reajuste de las tasas no solo responde al nuevo contrato de recogida de basuras con Valoriza, sino también a los gastos derivados de la nueva Ley estatal 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que obliga a aplicar un nuevo impuesto que grava cada tonelada de residuos destinado a vertedero.
Esta medida, impulsada por una directiva europea, penaliza a quienes generen más residuos y viene impuesta por ley teniendo que estar implantada en 2025 cuando los ciudadanos tendrán que sufragar por primera vez el 100% del coste del servicio de gestión de residuos urbanos.
Ahora se pasará a cobrar 40 euros por tonelada métrica al año.
En virtud de esa legislación, el coste del transporte y tratamiento de las basuras pasa de 70 euros por tonelada a 102; el gasto lo asumieron las arcas municipales en su primer año de implantación, pero ahora ya debe trasladarse al ciudadano.
