El Partido Castellanista presenta iniciativa en Congreso para combatir la contaminación por nitratos
El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC) ha promovido una iniciativa parlamentaria para visibilizar y exigir soluciones inmediatas ante la situación de emergencia que viven cientos de municipios rurales de Castilla, cuyos abastecimientos de agua potable están contaminados por niveles alarmantes de nitratos.
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La acción ha sido canalizada a través del diputado Jorge Pueyo Sanz, de nuestro partido hermano Chunta Aragonesista - CHA, adscrito al Grupo Parlamentario SUMAR, mediante una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta por escrito.
Desde el PCAS-TC se denuncia que esta situación supone una vulneración directa del derecho al acceso al agua potable para miles de personas que residen en el medio rural castellano.
El problema, lejos de ser puntual, afecta a amplias zonas de las dos Castillas.
Según datos del Ministerio de Sanidad correspondientes al periodo 2016–2021, cerca de 500 municipios españoles sufrieron restricciones en el consumo de agua por contaminación por nitratos.
De ellos, 160 municipios pertenecen a Castilla y León y 80 a Castilla-La Mancha, lo que sitúa a estas comunidades entre las más afectadas del país.
Los niveles de nitratos detectados en muchas localidades superan el límite legal de 50 mg/l establecido por el Real Decreto 140/2003, si bien la propia Unión Europea fija un valor guía más estricto
Los niveles de nitratos detectados en muchas localidades superan el límite legal de 50 mg/l establecido por el Real Decreto 140/2003, si bien la propia Unión Europea fija un valor guía más estricto de 25 mg/l.
El PCAS-TC ha advertido en un comunciado que incluso concentraciones muy inferiores al límite legal pueden tener efectos negativos sobre la salud, especialmente en lactantes, mujeres embarazadas y personas con condiciones crónicas, con riesgos como la metahemoglobinemia y, según estudios recientes, una mayor probabilidad de padecer diversos tipos de cáncer.
Además del grave impacto sanitario, el PCAS-TC ha alertado sobre las consecuencias medioambientales de esta contaminación, que incluye la eutrofización de ríos, lagunas y embalses, la pérdida de biodiversidad acuática y la degradación de ecosistemas enteros, consecuencia directa del exceso de nutrientes en el agua.
La causa principal de esta crisis es el uso intensivo e incontrolado de fertilizantes químicos y la proliferación de macrogranjas y explotaciones ganaderas industriales, cuyas cargas contaminantes acaban filtrándose a los acuíferos y cursos de agua.
El PCAS-TC ha denunciado la inacción sistemática de las administraciones públicas, que incluyen a las diputaciones provinciales, las juntas de Castilla y León y Castilla-La Mancha, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las Confederaciones Hidrográficas (Duero, Tajo, Guadiana y Ebro), que han demostrado una total insensibilidad institucional y falta de compromiso.
De hecho, la propia Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador contra España por no haber designado como vulnerables numerosas zonas afectadas por la contaminación, y por la falta de medidas efectivas para frenar el aumento de los nitratos en las aguas.
En Castilla y León, por ejemplo, la Junta reconoce oficialmente solo 24 zonas vulnerables que afectan a cerca de 400 municipios, cuando las estimaciones apuntan a que deberían incluirse más de 800 municipios.
En Castilla-La Mancha se han delimitado nueve zonas vulnerables, que abarcan cerca de 150 municipios, una cifra igualmente muy por debajo de la realidad.
Medidas urgentes
Ante esta situación, el PCAS-TC ha reclamado al Gobierno central y a las administraciones autonómicas y provinciales la adopción inmediata de medidas urgentes, entre las que se destacan:
- El suministro gratuito de agua potable a todos los municipios afectados, en coordinación con las Diputaciones, dentro de sus funciones de asistencia a los municipios menores de 20.000 habitantes.
- La ampliación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos a todas aquellas con evidencias de contaminación por encima de 10 mg/l.
- La sustitución del ineficaz Código de Buenas Prácticas Agrarias y Ganaderas por medidas de control más estrictas, con capacidad de reducir los vertidos y limitar el uso de fertilizantes nitrogenados.
- El refuerzo de la red de control de calidad del agua superficial y subterránea por parte de las Confederaciones Hidrográficas, así como la aplicación de medidas cautelares ante la implantación de actividades con impacto sobre las masas de agua.
Desde el Partido Castellano-Tierra Comunera se ha insistido en que esta no es una cuestión técnica menor, sino un problema estructural y de justicia territorial que afecta al presente y futuro del mundo rural castellano.
“No puede ser que en pleno siglo XXI haya pueblos donde no se puede beber agua del grifo. Las instituciones no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras nuestros pueblos pierden población, servicios y, ahora, también el acceso a un bien tan básico como el agua potable”, ha manifestado Luis Marcos, secretario general del Partido, en el Congreso de los Diputados.
