UPyD pide que los procuradores y miembros de la Junta dejen de ser aforados
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UPyD cree cada vez más necesaria la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para eliminar los aforamientos de los procuradores y miembros del Gobierno de la comunidad.
Por ello se ha congratulado en un comunicado de que en Murcia hayan sacado adelante una propuesta de este tipo y se haya aprobado por unanimidad y recuerda que en la Legislatura pasada y a través del diputado foral en el País Vasco que tenía la formación en la persona de Gorka Maneiro ya se promovió también, por lo que son ya dos comunidades autónomas que lo han sacado adelante.
El partido ahora liderado por Cristiano Brown, entiende que convendría comenzar por reducir el número de personas que disfrutan de ese privilegio y más ahora que el PP ha apoyado la eliminación del aforamiento en Murcia así como en el País Vasco en el 2016.
Miguel Ángel del Hoyo, máximo responsable de la formación en Castilla y León, ha señalado que “espera que la oposición esté a la altura en un tema tan importante para luchar contra la corrupción porque no cabe otra posición”.
En la actualidad, son 84 representantes políticos, en Castilla y León, los que gozan de la condición de aforados según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, que unido a los jueces, magistrados y fiscales nos hace ser el país con mayor número de aforados.
Del Hoyo ha recordado que fue UPYD el primer partido en defender la supresión de esta prerrogativa hace más de 9 años.
“Nadie sabía qué era ser aforado y los problemas que este privilegio traía a la Justicia, al igual que nadie sabía qué era la regeneración democrática; solo UPYD lo llevó adelante en sus programas”, ha subrayado.
Corrupción institucionalizada
“Es imprescindible adoptar importantes medidas que sean eficaces para prevenir y combatir la corrupción institucionalizada y a todos los que se benefician de ella”, ha zanjado.
Italia y Portugal sólo cuentan con un aforado, mientras que Francia tiene una decena, y en Alemania, Estados Unidos y Reino Unido no hay ninguno.
En España lo son todos los diputados, parlamentarios autonómicos, senadores, presidentes de comunidades y miembros de sus gobiernos, así como los integrantes del poder judicial, defensores del pueblo y adjuntos, entre otros.
