La Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales impulsada por UPL y Soria ¡YA! avanza en Cortes regionales
UPL y Soria ¡Ya! han valorado muy positivamente que la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León haya superado hoy su primera votación en las Cortes regionaless, obteniendo el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popular, que se ha abstenido.
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La iniciativa, registrada en mayo y elaborada junto al sindicato CSIF, ha sido defendida ante el Pleno por el procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña.
La propuesta busca dotar a Castilla y León de una ley específica para este colectivo, una de las pocas comunidades que aún carece de un marco propio pese a gestionar un territorio con más del 50% de superficie forestal, más de cinco millones de hectáreas de masa forestal y tres millones de hectáreas de arbolado.
Leonesistas y sorianstas han recordado que esta ausencia normativa ha generado durante años inseguridad en el ejercicio profesional, dificultades de coordinación y falta de medios adecuados.
La creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales permitirá ordenar funciones y competencias, reforzar la protección integral del patrimonio natural y mejorar la capacidad operativa de un servicio que dirige más del 90% de los incendios forestales de la comunidad y participa en rescates, emergencias y actuaciones extraordinarias.
Además, su labor sostiene la actividad económica de los pueblos mediante la vigilancia de aprovechamientos forestales, cinegéticos, piscícolas, resineros o micológicos, fundamentales para el medio rural y para mantener población en el territorio.
UPL y Soria ¡YA! han lamentado que el Partido Popular no haya apoyado con un voto afirmativo la toma en consideración de esta iniciativa pese al papel decisivo que desempeñan los agentes medioambientales en la protección del territorio y en la seguridad del operativo contra incendios.
En este sentido, señalan que el PP ha vuelto a quedarse solo en las Cortes, absteniéndose en una propuesta necesaria y respaldada por todos los grupos parlamentarios y los agentes implicados.
Para ambas formaciones, esta posición evidencia una falta de compromiso con un servicio público esencial para el futuro del medio natural de la comunidad y confirma la resistencia del Partido Popular a apoyar medidas ampliamente compartidas y beneficiosas para el conjunto del territorio.
Tras el respaldo mayoritario del Pleno, la iniciativa continuará su tramitación parlamentaria.
Por su parte, la Junta de Castilla y León ha lamentado la decisión adoptada por las Cortes en relación con el Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Su no convalidación, a su juicio, hace imposible la puesta en marcha de las medidas previstas en la norma, afectando a la modernización y a la mejora de la estructura y el funcionamiento del operativo público de prevención y extinción de incendios forestales.
El Decreto-Ley que hoy ha decaído contemplaba medidas como la fijeza de los puestos fijos discontinuos durante todo el año.
La norma también preveía la creación del nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B y los complementos retributivos asociados, que no podrán entrar en vigor, así como la progresiva implantación de un operativo 100 por ciento público, y la calificación de bombero forestal con sus correspondientes beneficios salariales y sociales para los empleados públicos del operativo: medidas que, a partir de ahora, quedan sin un horizonte de aplicación definido.
De esta manera, las Cortes de Castilla y León han rechazado, según la Junta, un decreto-ley que mejoraba las condiciones de alrededor de 2.200 puestos de trabajo, que preveía inversiones por valor de unos 20 millones de euros en dichas mejoras laborales, y que, además, daba cumplimiento a dos leyes básicas estatales: la Ley de Agentes Forestales y Medioambientales, y la Ley de Bomberos Forestales, ambas de 2024.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que “la no convalidación del Decreto-Ley afecta no solo a las condiciones laborales de los profesionales del operativo, sino también a la capacidad de respuesta ante emergencias que comprometen la seguridad del medio natural, y cada una de las partes implicadas deberá asumir las responsabilidades que le correspondan en este escenario”.
