De cuando se aprobó el Centro de Energía Nuclear

Hoy hace 47 años que el Consejo de Ministros aprobó la instalación en Soria de un Centro de Energía Nuclear. El proyecto se frustó pocos años después debido a presiones políticas de Estados Unidos.

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Luis Castro Berrojo, el profesor de Historia y Geografía y activista antinuclear y pacifista, Luis Castro Berrojo, ha explicado en el número 88 de la Revista El Ecologista las claves de los planes de fabricación de armamento atómico y el ambicioso programa de construcción de centrales e infraestructuras nucleares en los años finales del franquismo y durante la transición democrática.

En 1976, la Junta de Energía Nuclear comenzó a construir en Lubia el Centro de Investigación Nuclear II (CIN II), con instalaciones que permitirían, según la versión oficial, abordar proyectos para la investigación avanzada sobre reactores nucleares rápidos (FBR), la fabricación de isótopos y fusión nuclear, entre otros, y continuaría la labor del centro existente en la Ciudad Universitaria de Madrid (hoy sede del Ciemat).

Sin embargo, como ya se denunció entonces, algunas de las once instalaciones previstas podían tener aplicación armamentística, pues iban a producir material fisible suficiente como para sustentar un arsenal nuclear.

Concretamente, según ha explicado Berrojo, en el CIN II se preveía una planta de reprocesado de combustible irradiado con capacidad mínima de tratamiento de casi dos toneladas métricas de uranio quemado al año –lo que viene a producir un reactor de 1.000 MW–, dando como resultado tanto combustible recuperable para uso energético, como plutonio y uranio enriquecido susceptibles de uso explosivo.

No por casualidad, y coincidiendo con el anuncio del CIN II, los ministros de Exteriores y del Aire señalaron que España podía ser potencia nuclear, ya que “sólo el arma atómica –decía Areilza– proporciona la opción de participar en las decisiones dentro de ciertos ámbitos”.

Para ello, Francia venía abasteciendo al ejército español de aparatos Mirage y Mystère capaces de cargar ese tipo de armas. Era la mentalidad de la guerra fría, a la que España no escapaba a pesar de su aislamiento internacional, y que se vio además acentuada con la aparición de focos de tensión y problemas internos y externos (agonía física y política del franquismo, salida del Sahara, revolución de los claveles en Portugal, auge de la izquierda en Francia e Italia, etc.)

Este tipo de declaraciones se dejaron caer una y otra vez hasta 1981, momento en que el gobierno de Calvo Sotelo dio un giro de 180 grados en política exterior –ingreso en la OTAN, plena aceptación de los controles del Organismo Internacional de Energía Atómica–, en buena medida acusando la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, muy preocupado ya con la proliferación nuclear.Más adelante, ya en la época de los gobiernos socialistas de Felipe González, el giro se completó con la firma del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

Vuelta al redil

Pero a comienzos de los años ochenta, el proyecto abortó y las instalaciones construidas se aprovecharon para el Centro de Investigación de Energías Renovables (CEDER), actualmente en funcionamiento.

En el plano energético, el cambio fue impuesto por el abandono general de los reactores FBR “plutoníferos”, demasiado costosos y peligrosos, así como de la tecnología del reprocesado, que

solo pervivió en países que optaban por su uso militar.

Por otro lado, las presiones de Estados Unidos y de los organismos occidentales dieron al traste con los planes atómicos de los gobiernos de Suárez y condujeron a España al redil de la OTAN, forzando a una opinión pública mayoritariamente opuesta a ello.

Por un lado, se ve cómo el CIN II encajaba en los planes energéticos de la época, volcados en la perspectiva del “todo eléctrico, todo nuclear”, con unas previsiones de futuro desmesuradas que ignoraban los efectos de la crisis y los graves problemas de seguridad implícitos.

Por otro, el aspecto económico evidencia el carácter altamente especulativo del negocio atómico, que generó grandes plusvalías en la fase de construcción de las centrales, pero que, cuando llegó el momento de la obligada moratoria y del recorte del parque previsto, socializó sus pérdidas, tal como demostró y cuantificó muy fundadamente nuestro añorado Ladislao Martínez en estas mismas páginas.

Pero los que creían que la muerte del dictador iba a suponer un cambio significativo de la postura pronuclear española se equivocaron. Las presiones norteamericanas, ya con James Carter como presidente para que España firmara el TNP continuaron.

Las dudas se hicieron mucho más intensas cuando en 1977 se conoció públicamente el alcance tecnológico de las instalaciones nucleares previstas para el llamado Centro de Investigación Nuclear de Soria (CINSO), en la localidad de Lubia.

El proyecto se aprobó 45 días después de la muerte de Franco en un Consejo de Ministros presidido por Arias Navarro.

Los investigadores norteamericanos se asustaron al averiguar que en la planta piloto ideada para convertir el uranio en plutonio se podían hacer 140 kilos al año.

Pero Jimmy Carter no estaba dispuesto a que un nuevo país se sumara a la carrera armamentística que él trataba de frenar.

Por eso, en sus cuatro años de mandato (1976-1980) emprendió una auténtica campaña contra los estados que no habían suscrito el TNP.

Además, Estados Unidos estaba obsesionado con que la OIEA inspeccionara las instalaciones sospechosas españolas: en caso de impedir esta inspección, EEUU congelaría las exportaciones de uranio enriquecido a nuestro país, lo que supondría el parón industrial de las centrales nucleares civiles que ya funcionaban.

Finalmente, el 1 de abril de 1981, España acabó aceptando las condiciones impuestas por los norteamericanos y firmó un acuerdo de salvaguardias con la OIEA para someter estas instalaciones a verificación constante.

Curiosamente, esta decisión fue adoptada el 23 de febrero anterior, el mismo día de la intentona golpista del teniente coronel Tejero.

Esta decisión supuso la última oportunidad española por dotarse con armamento nuclear propio. 

TAMBIÉN UN 8 DE ENERO

1927: Fallece en Madrid el político Lamberto Martínez Asenjo.

1939. Los sorianos se manifiestan por la toma de Reus y Tarragona por parte de las tropas de Franco.

1975. Son despedidas todas las enfermeras del Hospital General de Soria.

1982. RNE de Logroño informa de la construcción de un pantano en Valdeprado.

1998. Los arqueólogos Alberto Sanz y Juan Pedro Benito trabajan para levantar una casa romana y otra celtíbera en el yacimiento de Numancia.

2000. Cae un aerolito de hielo sobre Metálicas Tundidor, en el polígono industrial.

2000. Virginia Barcones es elegida secretaria general de las Juventudes Socialistas de Soria. Toma el relevo de Luis Miguel Bonilla.

(Del libro "Efemérides sorianas", de Carmelo Pérez Fernández de Velasco)