Tendencia a precariedad laboral en trabajadoras sociales
El IV Informe sobre los Servicios Sociales en España (ISSE) del Consejo General del Trabajo Social advierte una tendencia incesante hacia la desprofesionalización y la precariedad laboral entre las trabajadoras sociales de atención primaria de Servicios Sociales.
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La falta de empleos estables y la feminización de la profesión se agudiza en la atención directa y entre las profesionales más jóvenes.
El sistema desvirtúa la profesionalidad del Trabajo social alejándola de la atención centrada en la persona, sobrecargando a las profesionales con tareas, sobre todo de tramitación y gestión que no les son propias.
Emerge un nuevo perfil de persona atendida en los Servicios Sociales, más joven y con empleos precarios, frente al perfil tradicional de las personas usuarias de hace pocos años.
Gran parte de la financiación de entidades privadas y empresas de lo social dependen del dinero público.
El informe desvela que el 66 por ciento del Tercer Sector y el 46 por ciento de empresas privadas se financian mayoritariamente con fondos públicos.
Mientras los recursos y servicios de propio sector público no tienen un incremento proporcional para la adecuada cobertura de las necesidades de la ciudadanía.
La falta de recursos en el mundo rural afecta a la protección social, con un menor acceso a servicios especializados. Los salarios de sus profesionales también son inferiores a la media nacional.
Desde el 2014 el Consejo General del Trabajo Social, el máximo órgano de representación estatal de las trabajadoras sociales de España elabora el ISSE (Informe sobre los Servicios Sociales en España), un informe para conocer el estado de los Servicios Sociales en nuestro país.
El informe muestra una clara preponderancia de los servicios sociales como principal ámbito laboral del Trabajo Social concentrándose en este el 74 por ciento; a continuación, está el ámbito de la salud con un 18 por ciento, pero se observa una incorporación progresiva en los otros pilares y políticas públicas del Estado de bienestar social como educación, empleo, vivienda y garantía de ingresos.
Por su parte, los servicios sociales de atención primaria representan el 58 por ciento y los servicios sociales especializados el 42 por ciento; si comparamos estos datos con los del ISSE III (2019) se observa una clara reducción de la atención primaria y un incremento en la atención especializada. Esta tendencia no es exclusiva de los Servicios Sociales, estamos asistiendo a un proceso similar en el sistema de salud.
Sin embargo, la atención primaria debe ser el eje del sistema público porque permite una mejor resolución de problemas de forma más accesible, y favorece la confianza y la participación de las personas usuarias.
Fragmentación creciente
La investigación pone de manifiesto una creciente fragmentación de las relaciones laborales entre las y los profesionales de los Servicios Sociales, de manera más alarmante en algunas comunidades autónomas.
Un movimiento que expresa un modelo cada vez más heterogéneo, flexible, precarizado, desprofesionalizado y asentado en la práctica reiterada de no reconocer contractualmente la figura de “trabajadora social”, sobre todo en el ámbito de la empresa privada y el Tercer Sector.
El 31 por ciento de las trabajadoras sociales que ejercen en el ámbito privado lucrativo no tienen reconocida contractualmente su figura profesional, siendo especialmente más notable esta situación entre la población más joven.
La inestabilidad laboral “campa a sus anchas” en el ámbito de lo social, el 49 por ciento de las trabajadoras sociales tienen contratos inestables y a tiempo parcial.
En esta situación influye que el sector público aglutina cada vez más a un mayor número de profesionales en situaciones de interinidad, y que las profesionales que ejercen en el Tercer Sector (23%) y en la empresa privada (31%) poseen formas contractuales precarizadas.
La preocupación aumenta si se pone el foco en las profesionales más jóvenes, cuya inseguridad laboral alcanza al 61% entre aquellas trabajadoras menores de 35 años.
La mirada de género también está muy presente en este informe, que fija la atención en las diferencias laborales entre mujeres y hombres.
El 89 por ciento de las trabajadoras sociales son mujeres, sin embargo, son ellas las que siguen en puestos de atención directa, en la base de la intervención social, frente a los trabajadores sociales hombres, que sí consiguen una mayor presencia en cargos de dirección, coordinación u otras posiciones jerárquicas, especialmente en los tramos más altos de edad.
La tasa de masculinidad se encuentra en España en el 10 por ciento, mientras que en Castilla León esta tasa es del 9 por ciento.
Estas diferencias de género también afectan a la salud mental de las profesionales, sufriendo las mujeres más ansiedad, estrés y queme profesional.
Las tasas de ansiedad entre las profesionales de Servicios Sociales se incrementan entre quienes están en la atención primaria: el 34% de esas profesionales de primera línea afirma sentir elevados niveles de malestar emocional.
No obstante, y a pesar del escenario expuesto, la tasa de las trabajadoras sociales que declaran mayor satisfacción en su ejercicio profesional se sitúa en un 82 por ciento, siendo Castilla y León el tercer territorio con mayor satisfacción profesional con una 78 por ciento; probablemente este dato esté relacionado con la mayor estabilidad en el empleo.
Y por lo que respecta al mayor o menor grado de acuerdo con el hecho de haber asumido funciones impropias de la labor del trabajo social, solo el 54 por ciento de las trabajadoras sociales de Castilla y León están de acuerdo con este hecho, uno de los porcentajes más bajos de toda España.
Cambios en los perfiles
El 90% de las trabajadoras sociales tratan con personas usuarias a diario, lo que permite hacer una aproximación al retrato de estas personas.
Se mantiene el perfil clásico de persona usuaria compuesto por mujeres (el 70% de las personas atendidas son mujeres), de nacionalidad española (70%), de edades adultas (39%) o avanzadas (33%), sin estudios o con bajos niveles educativos (78%) y sin empleo, pensionistas o dedicadas a labores del hogar (79%).
El 46% de los casos las personas usuarias presentan algún tipo de discapacidad.
Además de este perfil tradicional, este IV Informe ISSE arroja nuevos elementos característicos en los perfiles de personas usuarias.
Se incorporan personas trabajadoras con empleos precarios (11%), con niveles educativos de bachiller o superiores (23%) y cada vez más jóvenes (28%).
La aparición de estos nuevos perfiles informa de la gravedad y la profundidad de la crisis social que la pandemia ha agudizado y cuyo efecto se advierte por parte de las trabajadoras sociales desde hace tiempo.
Las comunidades en que se ha registrado una menor percepción de la emergencia de nuevos perfiles durante la pandemia del COVID han sido Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cantabria, cuyos porcentajes se encuentran entre el 69% y el 71%, comunidades con menor dependencia del sector servicios. Situando a Castilla y León entre las comunidades que mejor han resistido el impacto de la pandemia.
