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TRIBUNA / Pero, ¿Quién manda en España? (I)

Ricardo Mínguez Izaguirre analiza en este artículo de opinión las carencias que, a su juicio, contienen el Proyecto de Ley de Memoria Democrática que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados.

 

TRIBUNA / Pero, ¿Quién manda en España? (I)

TRIBUNA / Pero, ¿Quién manda en España? (I)

Se debate estos días en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Memoria Democrática remitido por el Gobierno. La pujante asociación soriana Recuerdo y Dignidad ha celebrado los pasados días 9 y 10 de noviembre sendas mesas redondas a propósito de este Proyecto de Ley. Además de prestigiosos profesionales, asistió y presentó el contenido del proyecto el Director General de Memoria Democrática, Diego Blázquez Martín. La conclusión de las mesas redondas y debates posteriores fue que el Proyecto de Ley es claramente incompleto, con carencias importantes para poder lograr los objetivos declarados. Pero nada se aclaró sobre las poderosas razones para tan esenciales lagunas.

Parecen aceptados por el Gobierno los principios establecidos por Naciones Unidas que deben regir una Ley como la proyectada: “Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no repetición” de los desgraciados hechos que justifican una Ley de Memoria Histórica o Democrática. El proyecto de Ley bascula sobre la reparación a las víctimas de las atrocidades cometidas por el franquismo. El Estado se hará cargo de las exhumaciones de las víctimas asesinadas sin ninguna garantía jurídica y sepultadas en fosas comunes, reconociendo el derecho de las víctimas y sus familiares a la Verdad. Han hecho falta 46 años de democracia para llegar a este reconocimiento. Bienvenido sea.

Pero, ¿y el derecho de toda la sociedad al conocimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos terribles años, desde 1936 a 1975 y los primeros de la Transición? Porque víctimas de la dictadura somos todos los españoles, y sin la creación por el Estado de un órgano (llámese Comisión de la Verdad o como se quiera) encargado de esa tarea, no podrá hablarse de Verdad en todo su significado. Condición básica para esa misión será la completa apertura (y dotación de medios suficientes) de todos los archivos, oficiales y particulares, a la investigación de los historiadores.

¿Y el derecho de las víctimas a la Justicia? No hay reparación a las víctimas sin rendición de cuentas, mediante las merecidas condenas, de los victimarios, vivos o ya muertos, y la restitución del patrimonio a las primeras o a sus familiares, en su caso, por los herederos de los perpetradores del daño; el papel del Estado debiera ser únicamente subsidiario. De la exposición y debate sobre el texto del borrador de la nueva Ley se concluye que el camino para la verdadera reparación del daño causado a las víctimas del franquismo mediante la obtención de Justicia es un auténtico calvario. Se prevé la creación de un Fiscal especial para la coordinación de las investigaciones y la elevación a los tribunales de justicia de aquellos casos que considere justificados. Un Fiscal, no una Fiscalía con la dotación de medios humanos y materiales suficientes para tamaña empresa. Parece claro que el Proyecto de Ley no pretende abrir el camino a la acción judicial, sino todo lo contrario.

Item más. El Proyecto de Ley aboca las posibles investigaciones judiciales de los crímenes probados a una especie de “declaración de los hechos” sin continuidad hacia un proceso con condena final. Se declaran nulas las sentencias de los tribunales de la dictadura, militares o no, durante  la guerra o la paz, pero no se declaran ilegales ni las sentencias ni aquellos tribunales y juicios carentes de la menor garantía de justicia.

No se deroga la Ley de Amnistía de 1977 ni tan siquiera los artículos en que se apoyan los actuales tribunales (más de 80 causas) para declarar prescritos o amnistiados los delitos de lesa humanidad, imprescriptibles según la legislación internacional suscrita por España. ¿Cómo es posible que tengamos que soportar el bochorno de ver la asistencia de las víctimas a tribunales extranjeros para que se investiguen hechos ocurridos en España hace más de 40 años? ¿No es suficiente este esperpento para que el Gobierno tome la iniciativa para cerrar semejante escenario?

El PSOE hace bandera de la negativa a modificar o derogar la Ley de Amnistía, basándose en que fue ese partido el principal impulsor de la misma como medio imprescindible para encauzar la reconciliación de todos los españoles. Nadie lo duda y pocos lo critican, pero en el PSOE y en el Gobierno parecen olvidar las circunstancias en que se votó la ley; estamos en 2021, con una democracia suficientemente consolidada, lo que ya crea un escenario impensable en 1977; en los criterios universalmente aceptados hoy día para lograr la necesaria reconciliación no caben subterfugios legales para evitar la aplicación de justicia en los casos de crímenes de guerra, lesa humanidad o torturas, y la realidad es que la Ley de Amnistía se ha convertido, de forma general, en ese tramposo subterfugio. ¿Qué presiones, internas o externas, atenazan al PSOE para negarse a actualizar un esquema jurídico que no ha logrado resolver en 44 años los problemas que en su día lo justificaron?

Lo anterior señala las, en mi opinión, principales carencias del Proyecto de Ley. Las experiencias vividas en otros países salidos de crueles dictaduras han hecho evolucionar los criterios en que debe apoyarse todo intento de reconciliación social. Lo que en 1977 mereció el apoyo sincero de los partidos con alma democrática no es suficiente, vistas las experiencias acumuladas, en 2021.

 

Fdo: Ricardo Mínguez Izaguirre

 

 

 

 

 

Ricardo Mínguez Izaguirre, Dr. Ingeniero de Caminos

                       

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