Castilla y León, en el nivel más bajo de deuda en la última década
La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es reducida, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador.
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En concreto, al finalizar el año 2024 suponía el 4,24 por ciento del total de las comunidades, contabilizado en 335.977 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2024, Castilla y León acumulaba 14.239 millones de euros de pasivo.
Esta cantidad representa el 18,9 % de su Producto Interior Bruto, lo que supone el menor nivel de endeudamiento en relación al PIB desde 2014, y un descenso de casi 5 puntos porcentuales en los últimos cuatro años.
Además, esta ratio se mantiene por debajo de la media autonómica, que se sitúa en el 21,1 %, siendo inferior en 2,2 puntos porcentuales. La adecuada gestión presupuestaria y financiera ha permitido controlar su nivel de deuda sin menoscabo de la calidad de los servicios públicos esenciales que presta.
En el cálculo del volumen de deuda autonómica, el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 214,3 millones de euros, así como el llamado ‘factoring sin recurso’ –créditos comerciales con la administración cedidos a entidades financieras–, que añade 10,8 millones de euros, y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 235,4 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que al cierre de 2024, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 20,7 %, con 2.950 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera con 1.774,2 millones de euros –en concreto, el 12,5 %- correspondiente a préstamos concertados en los años 2015 y 2020.
Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.590,9 millones de euros, un 11,2 % de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado, el 96,6 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 3,4 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 99,4 % de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al 0,6 % firmada a corto, lo que minimiza los riesgos de refinanciación. Asimismo, el 71,1 % está concertado a tipo de interés fijo y el 28,9 % a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor, y está en su totalidad suscrita en euros.
Este moderado nivel de endeudamiento es uno de los factores que la agencia Moody’s valoró favorablemente en su decisión de mejorar el perfil financiero de la Comunidad, elevando el rating Baa1 a perspectiva positiva, ratificando de este modo la misma calificación que el Reino de España.
Además, ha tenido también en cuenta la buena gestión presupuestaria y financiera, los déficits contenidos y la buena accesibilidad de Castilla y León al mercado de deuda.
Sin deuda de empresas públicas no sectorizadas
Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 4.344 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional.
De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto al PIB se elevaría al acabar 2024 al 21,4 %, frente al 18,9 % de Castilla y León.
