Soria ¡Ya! pide convocar elecciones autonómicas ya, tras mala gestión de incendios
Soria ¡Ya! ha reclamado la convocatoria de elecciones autonómicas ya, sin esperar a marzo de 2026, tras la mala gestión en los incendios forestales en la Comunidad, donde se han calcinado 400.000 hectáreas en los últimos años.
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La procuradora de Soria ¡YA! en las Cortes de Castilla y León, Vanessa García, ha comparecido en rueda de prensa para fijar la posición de la plataforma ciudadana ante el pleno extraordinario que se celebrará mañana sobre la gestión de los incendios forestales por parte de la Junta.
García ha recordado a las cuatro víctimas mortales, entre ellas el bombero soriano Nacho Rumbao, y ha expresado su gratitud a profesionales, voluntarios y vecinos que están trabajando en primera línea, así como a los equipos llegados desde otras comunidades autónomas y países europeos.
También ha animado a la sociedad soriana a participar en la marcha convocada mañana por Bomberos Forestales en Lucha Soria.
Exigencia de responsabilidades
La procuradora ha denunciado la falta de liderazgo y coordinación del Ejecutivo autonómico: «En los momentos de auténtica emergencia necesitamos líderes en los que confiar, no un presidente que tarda cuatro días en cancelar sus vacaciones ni un consejero desaparecido».
Por ello, Soria ¡YA! exigirá la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco, del consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, así como la convocatoria de elecciones «para que sean los ciudadanos quienes valoren la gestión de esta crisis».
«Además de exigir responsabilidades y dimisiones, reclamamos un cambio radical de las políticas forestales», ha señalado García, recordando que PP y VOX han bloqueado todas las propuestas de mejora hechas durante la presente legislatura mientras proclamaban en las Cortes que “la eficacia de la coordinación” y “la calidad de los medios” eran «envidiables»
Problemas estructurales y nuevas políticas
García ha subrayado que los incendios son consecuencia también del abandono del medio rural y la ausencia de políticas de reto demográfico. «Montes sin actividad se convierten en yesca, mientras los recortes en prevención, la privatización de operativos y la desorganización ponen en riesgo a nuestros pueblos».
La procuradora de Soria ¡YA! ha reclamado nuevas políticas forestales basadas en inversión y profesionalización: «O se toman medidas reales y se apuesta por la prevención durante todo el año y por mejorar las condiciones de los operativos, o nuestros montes seguirán ardiendo sin remedio».
Soria ¡YA! propone un operativo estable y profesional, el reconocimiento del bombero forestal, la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales, la recuperación de medios aéreos en El Amogable, mejor coordinación entre administraciones y más ayudas a diputaciones y municipios.
Testimonios de bomberos forestales
Los propios bomberos forestales llevan tiempo denunciando la precariedad de las brigadas, descoordinación, contratos de apenas cuatro meses, jornadas de hasta 22 horas, falta de formación y avituallamientos insuficientes, además de equipos incompletos que ponen en riesgo sus vidas. «Son testimonios que contradicen el discurso oficial de la Junta, que insiste en hablar de un operativo eficaz», ha afirmado García.
Sobre el desplante de los bomberos forestales a Fernández Mañueco durante la visita de los Reyes a las zonas afectadas, García ha señalado que «Mañueco ha comprobado por sí mismo el descontento de los bomberos forestales con su gestión frente a los incendios forestales. Le han sacado de la burbuja en la que vive».
Consecuencias de los incendios
Según los datos expuestos por García, en las dos últimas décadas han ardido más de 400.000 hectáreas en Castilla y León; solo en la primera quincena de agosto de este año, más de 150.000. El balance incluye cuatro fallecidos, una veintena de heridos graves, la evacuación de 38.000 personas de 150 pueblos y pérdidas ambientales y económicas incalculables. Se estima que la extinción de los incendios en agosto ha costado 2.000 millones de euros, «frente a los apenas 74 millones en prevención que Mañueco presume de haber inver
