Los trabajadores de la ONCE se movilizan contra el juego ilegal
Reclaman a las administraciones que hagan cumplir la ley
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Una treintena de trabajadores de la ONCE, convocados por UTO-UGT, se ha concentrado hoy a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en la provincia para denunciar la"absoluta pasividad" de las administraciones públicas en la lucha contra el juego ilegal que, cada vez más, irrumpe en las calles, abusa de la imagen de la discapacidad, engaña a la ciudadanía con productos sin ningún tipo de seguridad.
Además, el secretario general de la sección sindical de UGT en la ONCE en la zona de Burgos-Soria, Juan Carlos Rojo, ha denunciado que el juego ilegal pone en riesgo la labor social de la ONCE así como el puesto de trabajo de cada uno de los más de 20.000 vendedores de la organización en toda España -120 en la zona de Burgos y Soria-, todos ellos personas con discapacidad.
Los trabajadores concentrados en Soria han exigido a las autoridades competentes que actúen contra entidades “manifiestamente ilegales”, como la OID, entre otras, que utilizan la imagen del sorteo de la ONCE, copian sus productos y su imagen, emplean de forma torticera la discapacidad en su propio beneficio, como ha reiterado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y, en ocasiones, han llegado a agresiones a vendedores y vendedoras de la ONCE.
Con la campaña “El Juego Ilegal NO es un Juego”, se trata de sensibilizar a los estamentos públicos, tanto centrales como autonómicos, de la necesidad de cumplir la normativa vigente sobre juego de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, que establece las condiciones específicas que regulan este sector, en todos los niveles, y que es burlada por quienes actúan al margen de la normativa y ponen en riesgo cada día a los ciudadanos que compran estos productos sin ninguna garantía.
UTO-UGT considera “muy escasas” y poco rotundas las actuaciones contra esta actividad ilegal, como la imposición de una sanción de 25 millones de euros a la OID acometida por el Ministerio de Hacienda, puesto que no ha supuesto ningún avance significativo y, como expresa la propia resolución ministerial (BOE 27-12-2014) se trata de una organización “con plena consciencia del carácter ilegal de su actividad”, con una “actitud perseverante” en la ilegalidad, con “ausencia de aprecio por la legalidad vigente”, lo que constituye un “grave atentado contra el orden jurídico”.
SIN CUMPLIMIENTO
"No podemos tolerar que la Administración no haga cumplir las numerosas sentencias y resoluciones administrativas y judiciales que pesan contra el juego ilegal y, concretamente contra la OID, que sigue campando a sus anchas vendiendo sus productos y engañando a casi 100.000 consumidores cada día y, hasta hace poco, con la posibilidad de llegar a menores a través de su página web, como apunta el propio Ministerio de Hacienda en la citada resolución", ha lamentado.
En el conjunto del estado español el número de organizaciones ilegales asciende a 22, con unos 3.600 vendedores y unas ventas anuales de más de 82 millones de euros.
En el caso de la CCAA de Castilla y León, a finales de 2014 había dos asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles, para lo que utilizanban para ello 35 colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en ese año de unos 479.533 euros.
