El PSOE reclama a la Junta cambiar los criterios de reparto en FCI
La viceportavoz del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, ha reclamado esta tarde a la Junta de Castilla y León que cambie los criterios para repartir el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), tras conocer que Soria, la provincia más necesitada, no recibió ni el 1 por ciento en 2017, según el informe publicado por el Consejo de Cuentas.
En el Fondo de Compensación Interterritorial para el año 2017 a Soria le correspondieron 152.446 euros, del total que estaba dotado en 19.351.210 euros, lo que ha supuesto un 0,79 por ciento, la cantidad más baja de todas las provincias de la Comunidad.
"La Junta debe modificar los criterios de distribución de los fondos para conseguir los objetivos fijados en la Constitución", ha demandado esta tarde en rueda de prensa Barcones.
Además ha lamentado que "al Partido Popular le gusta más el mantener sus criterios y así someter a Soria a una profunda discriminación años tras año como viene siendo tónica habitual en los últimos años."
Por otro lado, ha denunciado la falta de transparencia evidente en la gestión de estos fondos, ya que hasta que no se evacúa el informe del Consejo de Cuentas no se conocen los proyectos que se han financiado.
"El oscurantismo con el que se trata de gestión estos fondos hacen pensar aún más la subjetividad que la Junta de Castilla y León utiliza al repartir los fondos", ha apuntado el procurador socialista Ángel Hernández.
En este sentido ha anunciado que volverán a presentar una resolución "para que se fijen criterios objetivos para el reparto de los fondos y que los proyectos estén determinados en cada anualidad en el la Ley de Presupuesto Generales de la Comunidad Autónoma para así poder ser fiscalizados a priori".
A Soria, según los datos expuestos por los procuradores socialistas, le han correspondido 7.412.298 euros, un 1,87 por ciento, desde 2009, del reparto del FCI, la cantidad más baja de toda la Comunidad.
Los Fondos de Compensación Interterritorial se encuentran en la Constitución Española, en su artículo 138.1, en el que se obliga al Estado a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado.
