Vox rechaza Zona de Bajas Emisiones en una ciudad rota
Vox ha criticado que el Ayuntamiento de Soria se gaste más de medio millón de euros en instalar cámaras de vigilancias y señalización para la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad, en una provincia que está considerada como uno de los pulmones de España.
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Desde Vox han señalado la contradicción que supone que el objetivo de las zonas de bajas emisiones sea limpiar el aire y que se vaya a implantar una de estas zonas en una provincia como Soria que ha sido calificada como uno de los pulmones de España por la cantidad de árboles.
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Fernando Castillo, ha señalado que es una medida alejada del sentido común: “la única contaminación que hay ahora en la ciudad es la contaminación acústica provocada por los adoquines” y añade su postura contraria “al actual modelo de ciudad que quiere imponer el PSOE alejado de lo que los sorianos demandan”.
Ha señalado que se invierte demasiado dinero en temas como los carriles bici, “que es una política que ha fracasado”.
Y señala: “es un contrasentido, nos dicen que es para mejorar la vida de los sorianos pero las actuales políticas de urbanismo de la ciudad hacen que nos encontremos con una ciudad rota, en la que pequeños desplazamientos nos cuestan el triple de lo que nos costaban antes, y en la que cada vez hay más atascos”.
Señala también: “no hay posibilidad de aparcar, incluso en zonas alejadas del centro como la carretera de Logroño y el Calaverón” y critica la continuada eliminación de plazas de aparcamiento gratuito mientras se quieren construir parkings de pago.
“Nos vamos a gastar más de medio millón de euros en un Gran Hermano vigilando todos nuestros movimientos en coche con la excusa de limpiar el aire, pero el resultado va a ser recaudar a base de multas a los ciudadanos” ha avanzado Castillo.
El edil afirma que el grupo Vox en el Ayuntamiento de Soria hará todo lo posible para que esta zona “afecte lo menos posible a los sorianos” y, como ya ha sucedido en otras ciudades, valorará llevar esta medida a los tribunales si considera factible que estos “pudieran echarla atrás por no ser necesaria, o por extralimitarse en sus restricciones”, concluye Castillo.