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Convocatoria para que ayuntamientos y entidades locales contraten desempleados

La comisión de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación ha dictaminado hoy favorablemente las bases reguladoras de la segunda convocatoria de subvenciones para la contratación de desempleados por los ayuntamientos y entidades locales menores para obras y servicios de interés general y social con una partida de 250.000 euros.

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A esta convocatoria podrán acogerse todos los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia con una población inferior a 20.000 habitantes.

Las contrataciones deberán realizarse entre el 2 de abril y el 31 de agosto de 2018, con contratos a jornada completa por 90 días o al 75% de la jornada por 120 días.

Además, se permite el contrato de media jornada en el caso de que dos ayuntamientos y/o entidades locales menores acuerden la contratación simultánea de un trabajador para el mismo periodo de tiempo, en cuyo caso el contrato se extenderá a 180 días.

El presidente de la comisión, Jesús Cedazo, ha recordado que con esta segunda convocatoria “se pretende atender en primer lugar las solicitudes de los ayuntamientos y entidades locales menores que no hayan sido beneficiarios de subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados en la primera convocatoria y que tengan al menos un desempleado no ocupado inscrito en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León”.

A continuación, se atenderán las solicitudes de municipios y entidades locales que, sin haber sido beneficiarias de la primera convocatoria no cuenten con desempleados. En cualquier caso, las personas contratadas deberán estar desempleadas no ocupadas e inscritas en cualquier Servicio Público de Empleo.

Cada contrato de trabajo está subvencionado al 50 por ciento por la Diputación, con un máximo de 2.500 euros, debiendo aportar el ayuntamiento el resto de todos los gastos que se consideran subvencionables.

Otro de los asuntos abordados en la comisión ha sido la convocatoria de subvenciones para la contratación de desempleados por los ayuntamientos para el desarrollo de labores de limpieza y preparación de montes resinables de propiedad municipal.

La convocatoria ha sido dictaminada favorablemente, con una partida de 55.000 euros y destinada a todos los ayuntamientos de la provincia propietarios de montes autorizados por la Junta de Castilla y León para el aprovechamiento forestal de la resina en el ejercicio 2018.

Cedazo ha explicado además que como novedad este año “la convocatoria se abre también a las entidades locales menores”.

Pinos resinables

El contrato de trabajo de la persona o personas contratadas con cargo a esta subvención no podrá comenzar antes del 15 de noviembre de 2018 ni concluir más allá del 1 de marzo de 2019, y deberá tener una duración mínima de 60 días a jornada completa.

En cuanto a los criterios de concesión, el presidente de la comisión ha explicado que “las solicitudes se ordenarán en función del número de pinos resinables autorizados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en montes propiedad del ayuntamiento”.

En caso de que dos ayuntamientos solicitantes posean el mismo número de pinos resinables, se ordenarán por orden de presentación.

Todas las solicitudes tendrán garantizada cofinanciación para un contrato de trabajo. Una vez cubierto ese cupo se atenderá el segundo contrato de trabajo de aquellas solicitudes de ayuntamientos que hubieran pedido más de uno.

Podrán optar a este segundo contrato aquellos ayuntamientos que tengan un mínimo de 10.000 pinos resinables autorizados por la Comunidad Autónoma.

Además, una vez cubiertas las solicitudes de ese segundo cupo se atenderá el tercer contrato de trabajo de aquellos ayuntamientos que hubiera solicitado tres o más trabajadores y así sucesivamente hasta agotar el crédito presupuestario.

Para poder optar a la tercera ronda y sucesivas el ayuntamiento solicitante deberá tener como mínimo 20.000 pinos resinables autorizados por la Junta. Cada contrato de trabajo estará subvencionado al 50 por ciento por la Diputación, con un máximo de 2.000 euros debiendo aportar el ayuntamiento el resto

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