Cien mil euros de la Diputación para ayudas de cooperación
Para los países en vías de desarrollo y con el objetivo de fomentar el voluntariado
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La comisión de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias ha dictaminado hoy las bases de las ayudas de cooperación para los países en vías de desarrollo con una partida de 100.000 euros.
La Diputación de Soria recuperó el pasado año estas ayudas después de cuatro años sin convocar y el equipo de Gobierno ha querido darles continuidad con una nueva convocatoria que prevé la misma partida que en 2016 pero que incluye algunas limitaciones en las bases para conseguir que se destine la mayor cuantía del proyecto a la ejecución del mismo.
Así lo ha explicado en rueda de prensa la presidenta de la comisión, Pilar Delgado, que ha asegurado que “el equipo de Gobierno tiene la firme convicción de que la única manera de colaborar con ese mal endémico que es la inmigración es apostar y colaborar con los pueblos y comunidades actuando directamente en sus países de origen”.
Delgado ha recordado que durante el pasado año estas ayudas se destinaron a financiar cuatro proyectos con fines diversos como fueron el de Amycos para garantizar el agua potable en las comunidades indígenas guaraníes (Bolivia), el de Manos Unidas para garantizar el derecho a la educación de mujeres y niñas en Malí, el de Cruz Roja para el control y reducción de la incidencia de la tuberculosis en Kirguistan y el de Tierra Sin Males para la promoción del derecho al agua potable en El Salvador.
“En este caso, las bases que aprobamos vuelven a apostar por las necesidades básicas para la vida diaria: atención primaria de la salud, educación básica, infraestructuras básicas como habitabilidad, caminos vecinales, electrificación, comunicaciones y transporte, el empoderamiento de la mujer para fomentar la edad de género, y el sector productivo y de servicios con la creación de pequeñas empresas y cooperativas en sectores como el artesanal, agropecuario e industrial”, ha señalado.
Fomento del voluntariado
Delgado ha explicado que con las nuevas bases se quiere fomentar también el voluntariado en las ONG y “la divulgación y sensibilización en la población soriana”. Por ello, “será obligatorio destinar un 2% del total de costes directos a estas acciones de sensibilización” para que ese trabajo pueda ser conocido por toda la población soriana.
También se establece la obligación de que esas ONG tengan una sede en la provincia con una persona efectiva en la misma. Asimismo, se han establecido una serie de limitaciones con el único objetivo de “destinar la mayor cuantía del proyecto a la ejecución material del mismo”.
En este sentido, los costes directos imputados al proyecto no podrán superar el 92% y los indirectos no podrán ser superiores al 8%.
En concreto, la diputada ha explicado que dentro de los costes directos no habrá limitación máxima para la adquisición o arrendamiento de terrenos o inmuebles, la construcción o reforma de inmuebles y los equipos, materiales y suministros y su transporte “por considerarse como partidas esenciales”.
En el caso del personal local o expatriado, la partida de costes directos no podrá superar el 40% con el objetivo de que “el proyecto no sea el mantenimiento del personal de la ONG sino que realmente el proyecto que se vaya a desarrollar llegue a esas comunidades que son las destinatarias del mismo”.
Otra partida acotada es la de los gastos de funcionamiento, no pudiendo ser superiores al 10%; así como la de los gastos de viajes, estancias y dietas, limitada al 15%. Delgado ha explicado que “todo esto se hace con un objetivo único, que al final el proyecto se desarrolle realmente en la comunidad a la que vaya dirigido”.
Entre las novedades de las bases destaca también la inclusión del seguimiento del proyecto cuando tenga una duración superior a 3 o 5 años, de modo que “se tendrá que hacer un análisis y aportar la evolución del proyecto, sobre todo, para valorar si hay que volver a dotarlo de recursos y hacerle un seguimiento desde las instituciones ejerciendo así un control sobre el dinero público para tratar de garantizar que llega a las comunidades a las que tiene que llegar”.
