Los juzgados decidirán quién es el responsable de bloqueo de aeródromo de Garray
Finalmente, tras meses de críticas cruzadas entre las instituciones, un juzgado decidirá quién es el responsable del bloqueo existente en la tramitación de la ampliación del aeródromo de Garray.
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La Diputación de Soria ha recibido el informe solicitado a un bufete especializado y ha decidido finalmetne emprender acciones legales contra el Gobierno de España para denunciar el bloqueo administrativo que impide la ampliación del aeródromo de Garray, una infraestructura fundamental para impulsar el Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI).
El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, ha señalado hoy en rueda de prensa que el informe jurídico confirma la falta de transferencia formal de competencias entre el Gobierno y la Junta.
Serrano ha resumido que el informe jurídico llega a dos conclusiones.
En primer lugar que el Gobierno de España es quien está bloqueando la ampliación de la pista del aeródromo de Garray. Y en segundo lugar, da el visto bueno para llevar el caso a los tribunales y exigir responssbilidades.
El informe jurídico asevera que no ha existido una transferencia de competencias formalizada, entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, para dotar de recursos y medios económicos este traspaso.
"Nosotros lo que queremos saber es por qué se ha producido este sinsentido... Esto es absurdo lo que está ocurriendo aquí", ha reiterado.
Además ha recordado que este bloqueo ha provocado, y está provocando, un perjuicio económico para la provincia, ante la pérdida de empresas de drones tripulados, mantenimiento de motores y escuelas de vuelo que finalmente han tenido que implantarse en otras provincias como Huesca, Burgos o Castellón.
Serrano ha echado la vista atrás para recordar que se está repitiendo la década de retrasos que sufrió la Ciudad del Medio Ambiente, en el Soto de Garray, por un recurso presentado en el Constitucional, que dilató la resolución y frustó el proyecto, reconvertido después en el PEMA.
La Diputación se personará judicialmente para saber a ciencia cierta quién es el responsable del bloqueo.