Concedida autorización para granja porcina de 4.546 plazas en Matamala de Almazán
La Junta de Castilla y León ha aprobado una resolución que concede autorización ambiental a una explotación porcina de Matamala de Almazán para 4.546 plazas de cebo.
Puede consultar la versión íntegra del documento en formato PDF en el siguiente enlace: BOCYL-D-03092018-14.pdf
La resolución, fechada el pasado 24 de agosto, por la Delegación Territorial de la Junta, responde a la solicitud cursada en marzo por el promotor Óscar Fernando Maqueda, para ubicar esta explotación porcina en la parcela 5.661 del polígono 6, del término municipal de Matamala de Almazán.
En el expediente administrativo se ha incluido el informe urbanístico del Ayuntamiento de Matamala de Almazán, acreditativo de la compatibilidad de la actividad con la normativa urbanística municipal.
Realizada la evaluación ambiental del proyecto por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, el 27 de junio de 2018 se inició el trámite de audiencia al solicitante de la autorización, a los interesados en el procedimiento y vecinos colindantes con la actividad, mediante notificación, sin que se hayan presentado alegaciones por su parte.
Un fallo técnico deja sin traca de fondo a la Bajada de Jesús
El PSOE denuncia que Almazán ha perdido 479 habitantes en siete años
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, a la vista del resultado del trámite de información pública, de los informes emitidos y del resultado del trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento y vecinos colindantes con la instalación, el Servicio Territorial de Medio Ambiente con fecha 24 de agosto de 2018, elabora la correspondiente propuesta de resolución de autorización ambiental.
Esta autorización queda condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas recogidas en los anexos del proyecto.
El titular de esta autorización ambiental dispondrá de un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de recepción de su notificación, para iniciar la actividad.