Cáritas urge más medidas contra desahucios

Cáritas ha respaldado la suspensión de los desahucios y la prohibición del corte de suministros a las personas vulnerables, contemplado en el decreto aprobado por el Gobierno, pero ha advertido que quedan muchas situaciones por mejorar.

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Hace tan solo unas semanas, Cáritas publicaba su informe “Un impacto sostenido tras el confinamiento. La realidad de las familias acompañadas por Cáritas en septiembre de 2020” donde se volvía a constatar, como en junio pasado, que, a causa de la pandemia, más de 650.000 personas viven en hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda y cerca de 42.000 familias se han visto obligadas a cambiar de residencia para disminuir los gastos.

Desde esos terribles e inhumanos datos cotidianos, la publicación del Real Decreto ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, viene a procurar, al menos temporalmente, según ha señalado Cártias, vías de solución ante la dificultad de sostener la vivienda y los insumos totalmente necesarios para una vida digna (agua, electricidad y gas).

Con la aprobación de la suspensión de los desahucios y la prohibición del corte de suministros en pleno invierno, y en medio de la segunda ola de la pandemia, se están ofreciendo posibilidades de afrontar, desde los tribunales de justicia donde se llevan a cabo los procedimientos de desahucio y desde las empresas suministradoras de agua, gas natural y electricidad, la posibilidad técnica y humana de proceder a medidas que sostengan a miles de personas en sus viviendas, con la dignidad y asequibilidad necesarias.

Para Cáritas la noticia era esperada, necesaria, urgente e imprescindible.

Mejoras necesarias para que las medidas lleguen a todas las personas en riesgo

El Real Decreto deja, sin embargo, a juicio de Cáritas, algunos aspectos sin resolver, que van a dejar fuera de estas medidas a personas y familias que deberían poder acceder a él.

Los más urgentes son:

• Dada la situación de sobrecarga y bloqueo de los Servicios Sociales, y teniendo en cuenta el requisito de presentación de documentación ya establecido en el artículo 1 de este Real Decreto-Ley, la necesaria complementación con el Informe de Vulnerabilidad económica en 10-15 días ante el juzgado de referencia se torna de muy difícil o imposible cumplimiento. Tanto es así que puede dejar sin efecto el objetivo de la medida urgente de la suspensión de desahucios.

• Quedan fuera de la posibilidad de solicitar la suspensión, en el caso de viviendas sin título legal habilitante, familias con hijos mayores de edad a cargo y otras graves situaciones de vulnerabilidad no contempladas en los 3 supuestos contenidos: dependencia, menores de edad y víctimas de violencia de género.

• La temporalidad de las medidas (hasta el 9 de mayo de 2021), junto la situación estructural previa al COVID-19, multiplicada durante la pandemia, ofrecen una respuesta insuficiente ante la realidad, como establece el RDL, de inexistencia de vivienda pública que pueda responder ante las situaciones de pérdida de vivienda.

• No se establece el procedimiento para la calificación de consumidor vulnerable en el caso de ser titulares del contrato de suministros y no contar con el bono social según condiciones de vulnerabilidad establecidas en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

• Además, los niveles de renta requeridos para tener la condición de consumidor vulnerable son muy bajos, y dejan fuera a personas y familias igualmente en situación de riesgo.

• No se ha previsto nada en la normativa con relación a las deudas que las personas y familias vayan acumulando durante el periodo de prohibición del corte de suministros básicos.

• El empadronamiento es condición sine qua non para poder solicitar la suspensión del corte de suministros en los casos de no ser titular del contrato de los mismos. Dado que en la práctica se constatan dificultades para el empadronamiento de muchas personas, las Administraciones están obligadas a facilitar los mecanismos para salvaguardar los derechos de estas personas.