4.542 personas en prisíón, por delitos de seguridad vial

"El estudio nos devela que los delitos relacionados con la conducción de vehículos a motor llevan a prisión a un número cada vez más elevado de conductores. Tenemos que frenar esta tendencia, porque no debemos olvidar que, detrás de estas frías cifras hay personas con nombre y apellidos que en un momento dado incumplieron las normas y sufren las consecuencias ellos y sus familias", ha señalado Grande-Marlaska.

El informe señala que el 97,3 por ciento de las personas en prisión son hombres, frente al 2,7 por ciento de mujeres.

Así, la radiografía de este tipo delictivo determina que se trata de un varón con una edad media de 40 años (39,8), con condenas inferiores a tres años por conducir sin permiso o sin vigencia del mismo (54,4%), de forma temeraria (16,7%) y bajo influencia de bebidas o análogas (16,7%) y de nacionalidad española.

Además, 9 de cada 10 personas tienen condenas inferiores a tres años y la condena media se sitúa en los 667 días (1,8 años).

En cuanto al ámbito geográfico, las provincias de residencia de los condenados más frecuentes son Madrid, Málaga, Sevilla, A Coruña y Pontevedra.

Homicidio imprudente

El informe recoge que de estos penados, 26 personas se encuentran en la cárcel por estar acusadas o condenadas por homicidio imprudente con vehículo a motor.

Este delito representa el 0,7% del total de delitos por homicidio, el 20% de los homicidios imprudentes y el 2,4% del total de internos contra la seguridad vial.

Es decir, uno de cada cinco homicidios imprudentes se produce con un vehículo a motor.

El perfil del homicida imprudente en prisión, según se desprende del estudio, es hombre de edad comprendida entre 26 y 60 años, con una condena media de 4 años y de nacionalidad española. El análisis del ámbito geográfico indica que los delitos se producen tanto en grandes zonas urbanas como en rurales, costeras o del interior de la península.

De los 26 condenados por homicidio imprudente con vehículo a motor, dos de los infractores acumulan 6 y 7 condenas relacionadas con la seguridad vial. Únicamente dos de las 26 personas son mujeres. Lo que vendría a determinar que 1 de cada 10 personas condenadas por este delito son hombres.

El ministro del Interior ha señalado que "quienes cometen infracciones que les conducen a prisión lo hacen porque incurren en un doble error".

"Por un lado, no perciben el riesgo de las imprudencias que cometen pese a que, como hemos visto, las consecuencias son gravísimas y muy costosas. Por otro lado, muestran una equivocada sensación de impunidad cuando, según nos muestran las estadísticas, el grado de represión de estas conductas lesivas es muy alto", ha indicado.

Tratamiento en centros penitenciarios

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha explicado que desde el 2010 está implantado un programa de intervención que lleva por título 'Universalización de la educación vial en los centros penitenciarios'.

El objetivo del mismo es sensibilizar a los internos de la importancia que tiene el comportamiento cívico y respetuoso con las normas a la hora de ponerse ante un volante. Asimismo, facilita la preparación para la obtención del permiso de conducir, permisos profesionales o la recuperación de puntos. A

lo largo de estos diez años, 1.675 internos e internas han sido aptos para sacarse el teórico del carnet de conducir de los 2.501 que se han presentado.

Con relación a los aptos del examen práctico, los datos se refieren al período 2010-2016 ya que en años posteriores no se desarrolló el programa. Durante esos seis años, un total de 494 han conseguido el permiso de conducir, 463 eran hombres y 31 mujeres. El informe concluye que el número de internos que aprueban el examen práctico de conducir supera al de los aprobados del examen teórico.

Penas y medidas alternativas a la prisión

El informe también analiza la incidencia de estos delitos sobre las penas y medidas alternativas, que no implican penas privativas de libertad sino que obligan a las personas, bien a realizar talleres o programas de reeducación conductual, bien tareas de utilidad pública con el fin de reparar el daño causado, son los conocidos trabajos en beneficio de la comunidad (TBC).

En 2019 el número de mandamientos recibidos por los servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas ascendió a 80.935, de los que un 30% responden a delitos contra la seguridad vial (24.487).

En cuanto a las tareas de utilidad pública, 10.683 personas realizaron trabajos en beneficio de la comunidad.

En resumen, en 2019 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias gestionó la situación de alrededor de 30.000 personas condenadas por delitos contra la seguridad vial.