PP y PSOE enmiendan la fiscalidad diferenciada
Partido Popular y PSOE han presentado enmiendas a la aplicación de las ayudas de funcionamiento en Soria, Teruel y Cuenca.
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El Grupo parlamentario del PP en el Congreso ha presentado una enmienda de acción, con una nueva disposciión adicional sobre las “Ayudas estatales de finalidad regional para las provincias Soria, Cuenca y Teruel catalogadas como escasamente pobladas".
La enmienda asegura que dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, el Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. En España hay tres territorios reconocidos tanto por la Unión Europea como por el Gobierno de España como Áreas Escasamente Pobladas, los territorios NUTS3.
Además señala que el criterio de delimitación zonal de las áreas escasamente pobladas será el provincial, de manera que las ayudas se hagan efectivas en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel.
También que las ayudas se extenderán a todos los gastos de funcionamiento de las empresas y los autónomos y alcanzará el nivel máximo autorizado por la Unión Europea del 20 por ciento.
"Las ayudas serán iguales tanto para las empresas instaladas en estos territorios como para las nuevas empresas que se instalen", demanda.
Dichas ayudas se harán efectivas a todas las categorías de empresas recogidas en las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea de abril de 2021, según la enmienda popular.
Igualmente, el Gobierno velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permita contrarrestar en dichas provincias las dificultades demográficas y adoptará las disposiciones y actos necesarios para que las ayudas se hagan efectivas a los beneficiarios desde la fecha en la que la Comisión Europea facilitaba al Gobierno de España su puesta en marcha, el 1 de enero de 2022.
Por su parte, el grupo socialista en el Congreso ha presentado una enmienda en la que detalla la aplicación de las ayudas de funcionamiento –y las de autónomos– para Soria, Cuenca y Teruel con vistas a su inclusión en la Ley de Presupuestos como disposición adicional.
La propuesta no introduce novedades con respecto a lo ya anunciado, pero no contempla la retroactividad a 1 de enero y tampoco establece límites por el tamaño de las empresas.
La enmienda lleva por título Reducción de cuotas a la Seguridad Social en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel.
En primer término la propuesta socialista explica que tendrán derecho a la reducción los trabajadores de empresas de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel.
Las reducción quedan establecidas en un 5 por ciento de la aportación empresarial por contingencias comunes a los trabajadores "cuya alta o variación de datos, con el contrato indefinido, se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley".
Además concreta las condiciones para acceder a un 15 por ciento o un 20 por ciento de reducción que son para los contratos indefinidos que se firmen después de la entrada en vigor teniendo en cuenta que el 15 por ciento se aplicará en las poblaciones de más de 1.000 habitantes y el 20 por ciento en las de menos de un millar de vecinos.
Para poder beneficiarse de las ayudas se marcan una serie de requisitos básicos, como no haber sido inhabilitado para la obtención de subvenciones y ayudas públicas, no haber sido excluido del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de programas de empleo por la comisión de infracciones graves o muy graves no prescritas, estar al corriente en el cumplimiento de la obligaciones tributarias o estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
También queda establecido que para acogerse a las reducciones "se tendrá en cuenta la cifra oficial de población establecida por el INE...respecto del 1 de enero del año natural inmediatamente anterior al periodo de liquidación".
Asimismo aclara los supuestos de sucesión de empresas o jubilación parcial y los mecanismos de control que realizará la Inspección de Trabajo.
Otro aspecto importante es que aclara que las reducciones se financiarán "con aportaciones del Estado" y serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social.
En el texto no hay referencia alguna a que la medida se aplique con carácter retroactivo, es decir que las reducciones empiecen a contar a 1 de enero de 2022, como había dicho el propio Gobierno hace un año.
