"Operación Aire 2018" para controlar el combustible en calderas
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Guardia Civil han puesto en marcha de nuevo la campaña de control del combustible utilizado en calderas de calefacción industrial.
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Entre los meses de febrero y marzo se intensificarán las inspecciones en talleres e instalaciones industriales y agropecuarias sobre la utilización de combustibles no autorizados, tales como biomasa tratada, plásticos y restos de otras sustancias utilizadas en la agricultura y la automoción.
Fomento y Medio Ambiente y la Guardia Civil ponen en marcha la Campaña ‘Operación Aire 2018’ para el control del combustible en calderas de calefacción industrial
Asimismo, se vigilará especialmente el uso de sustancias como maderas con barnices y plásticos, entre otras, ‘no aptas’ para su quema en talleres e instalaciones industriales y agropecuarias.
Al igual que el año 2017, cuando se alcanzaron los objetivos marcados, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Guardia Civil procederán en todo el territorio de la Comunidad a realizar servicios de vigilancia e inspección en talleres e instalaciones industriales y agropecuarias susceptibles de utilizar combustible no autorizado en calderas de calefacción o industriales.
Los residuos más utilizados son restos de biomasa tratada, plásticos y restos de otras sustancias utilizadas en la agricultura y la automoción. La incineración de los residuos en estos dispositivos está prohibida por la normativa en esta materia, ya que las incineraciones en estas calderas no diseñadas a este fin provocan emisiones contaminantes importantes con posibles repercusiones sobre la salud de las personas y el medio ambiente.
Los objetivos de esta campaña son controlar el combustible utilizado en instalaciones de combustión pequeñas situadas en talleres e instalaciones industriales y agropecuarias; concienciar a los operadores en relación a la peligrosidad de la realización de estas operaciones para la salud pública y el medio ambiente derivado de las emisiones contaminantes que generan; localizar gestores de residuos que realizan operaciones inadecuadas; y, finalmente, mejorar la calidad del aire en la Comunidad, y especialmente en municipios de tamaño pequeño donde es previsible que esta práctica está más generalizada.
El ámbito territorial abarca todas las provincias de Castilla y León, si bien será especialmente intensa en comarcas donde hay industria de la fabricación de muebles y otros derivados de la madera natural.
