De Santiago-Juárez da un nuevo impulso a la ordenación del territorio
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha presidido esta mañana la reunión del Consejo de Cooperación Local en la que ha informado de que, en los próximos días, se va a convocar una línea de ayudas para el fomento de la constitución de Mancomunidades de Interés General, tanto urbanas como rurales.
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Como ya adelantó en su comparecencia de presupuestos del ejercicio 2018, De Santiago-Juárez ha informado al Consejo de Cooperación local, reunido hoy, que en los próximos días se va a convocar una línea de ayudas para el fomento de las Mancomunidades de Interés General, tanto urbanas como rurales, que se hayan constituido o hayan iniciado de forma indubitada el proceso para su constitución, con el objeto de dar un nuevo impulso a la ordenación del territorio.
El vicepresidente ha informado que si bien esta figura ya es posible en el medio urbano, puesto que las Áreas Funcionales Estables ya están aprobadas, en el medio rural es necesaria la aprobación del mapa de unidades básicas de ordenación del territorio para que se creen.
Hasta la fecha, la Junta de Castilla y León no ha apoyado su constitución para no incrementar las desigualdades entre el medio urbano y el medio rural. Sin embargo, el consejero de la Presidencia ha trasladado al Consejo su decisión de avanzar en el desarrollo del modelo. Por este motivo, la convocatoria prevista para los próximos días estará dirigida tanto a las mancomunidades urbanas como a las rurales.
Además, dado el compromiso del Gobierno autonómico con el medio rural y su deseo y voluntad para que las nuevas medidas de cooperación económica vayan destinadas también a estas zonas, De Santiago-Juárez ha adelantado que si a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes no se ha aprobado el mapa de unidades básicas de ordenación del territorio, la cuantía prevista para las Mancomunidades de Interés General Rurales, irá destinada a aquellas mancomunidades cuyo ámbito territorial coincida sustancialmente con las Zonas Básicas de Salud y que realicen unos determinados fines, tal y como se recoge en la Disposición Final primera de la Ley de Ordenación del Territorio, que modifica el artículo 32 de la Ley de Régimen Local de Castilla y León.
Asimismo, con el ánimo de facilitar al máximo a los municipios el acceso a esta línea de financiación, la convocatoria prevé, tanto para las mancomunidades urbanas como para las rurales, que si no ha habido tiempo para constituirse como tal, serán los municipios los que puedan solicitar y recibir estas ayudas. Para ello, sólo se exigirá el Acuerdo favorable a la constitución de la mancomunidad de interés general del Pleno del Ayuntamiento y que se manifiesten en este sentido el porcentaje de Ayuntamientos contemplado en la Ley de Ordenación para ello.
Por otra parte, en coherencia con el contenido del Proyecto de Ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación, en el cual la Junta se compromete a un tratamiento similar para las mancomunidades ‘tradicionales’ que cumplan sus obligaciones legales y presupuestarias que el de las Mancomunidades de Interés General, esta convocatoria prevé una línea de apoyo económico para las primeras.
De esta forma, se configura un nuevo escenario de cooperación económica local general que hace necesaria la modificación de la orden normativa que la sustenta. Esta mañana el Consejo ha sido informado de las modificaciones introducidas en la Orden normativa reguladora de la cooperación económica local general, que marcará las condiciones de las próximas o futuras convocatorias de estas ayudas o subvenciones y que responden, por una parte, a la voluntad autonómica de incorporar elementos de flexibilización en la tramitación y gestión de las ayudas de la Cooperación económica local y, por otra, a flexibilizar el destino de las subvenciones, de tal forma que se ha añadido una nueva modalidad de concesión de ayudas para que puedan destinarse indistintamente a inversiones u operaciones corrientes.
Conferencia de alcaldes y presidentes de Diputación
Entre las funciones sobre las que trabaja el Consejo de Cooperación Local de Castilla y León está la de informar sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones administrativas de carácter general que afecten a las entidades locales de Castilla y León.
En este sentido, el vicepresidente de la Junta ha dado a conocer hoy a los miembros del Consejo el Anteproyecto de Ley por el que se regula la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación y el Estatuto de los miembros de las entidades locales.
De Santiago-Juárez ha explicado que se configura como el marco idóneo para que los máximos representantes de los municipios de más de 20.000 habitantes y de las provincias participen en las políticas autonómicas, planteando iniciativas o propuestas que, en el marco de sus competencias, sirvan para vertebrar mejor nuestro territorio y dar un enfoque ordenado a determinadas políticas locales.
Este nuevo foro tiene entre sus objetivos analizar las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales que tengan trascendencia autonómica o que excedan de los intereses de una sola entidad local; estudiar los asuntos de importancia relevante para la Comunidad Autónoma que puedan afectar a los ámbitos competenciales autonómico y local; intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas administraciones públicas que puedan afectar a las otras administraciones, con el fin de asegurar la coherencia entre ellas o potenciar las relaciones de cooperación de la Junta con los gobiernos de las entidades locales.
Estatuto de los miembros de las entidades locales
En cuanto al Estatuto del Concejal, el vicepresidente de la Junta ha destacado que el contenido es fruto del consenso alcanzado en el grupo de trabajo que se creó en el año 2014 junto con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
El Estatuto desarrolla aspectos concretos, por ejemplo, en relación con los grupos políticos, se establecen las condiciones para la constitución de un grupo mixto -una representación de, al menos, un 10 % del total de los miembros de la entidad local, con un mínimo de dos-, las circunstancias para pasar a la condición de miembros no adscritos, así como un régimen supletorio de la Junta de Portavoces, ante la falta de reglamento orgánico en una entidad local.
Como principal novedad, se ha informado de que el Estatuto del Concejal incorpora la obligación de la grabación de los Plenos según el tipo de entidades locales: en las de más de 20.000 habitantes, se deberá grabar en audio y en vídeo; en las de más de 5.000 habitantes, en audio; en las de más de 1.000 habitantes, en audio si se acuerda por el Pleno; y en las de menos de 1.000 habitantes, no hay obligación.
Este texto legal, tras haber estado a disposición de los ciudadanos en el Portal de Gobierno Abierto para que planteasen sus sugerencias y una vez cumplido el trámite de su remisión al resto de las consejerías de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, será informado por el Consejo Económico y Social y se someterá a dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León como garantía de respeto del ordenamiento jurídico, para finalmente ser elevado a su aprobación por el Consejo de Gobierno y remitirse a las Cortes de Castilla y León.
Proyecto de Decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León
Los miembros del Consejo de Cooperación Local también han sido informados sobre el Proyecto de Decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León, que tiene como objeto el reconocimiento a todos los ciudadanos que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la Dictadura y a sus familias, así como a todos aquellos ciudadanos y entidades que llevan a cabo actuaciones dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática.
El Proyecto de Decreto sobre la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León contempla la creación de un consejo técnico –por petición de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica- que informará sobre las solicitudes de localizaciones y exhumaciones tanto en terrenos públicos como en los privados, donde suele haber más dificultades.
También se prevé la constitución de un consejo asesor con el objetivo de regular el acceso a los terrenos, elaborar mapas, dirigir las recomendaciones y conocer las ayudas económicas de las asociaciones.
