Herrera defiende un autonomismo útil en la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León llevamos años apostando por un autonomismo integrador, leal y cooperativo. En coherencia, otorgamos una gran significación política a la Conferencia de Presidentes. Y a que se celebre –es un acierto– en el Senado. Siempre hemos defendido que este debe profundizar en su naturaleza de Cámara de representación territorial. Entre tanto, es enormemente positivo que se escuche la voz de las comunidades Autónomas en el Senado de España. Que se alcancen acuerdos entre ellas y el Gobierno de España sobre la base de un buen trabajo previo. Y que se dé una proyección de continuidad a la celebración y al seguimiento de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes.

Nuestra concepción es también la del autonomismo útil, que funda su principal razón de ser en la prestación de unos buenos servicios públicos esenciales a los ciudadanos. Desde esta perspectiva, en estos momentos hay un tema central y prioritario: la reforma del sistema de financiación autonómica, que debe iniciarse de inmediato, ante las constatadas insuficiencias del actual y fallido modelo, que ni siquiera cubre el gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, y que ha llevado a las comunidades a incurrir en déficit y endeudamiento. La Junta trae a esta Conferencia de Presidentes una posición de Comunidad, alcanzada con todos los Grupos de nuestro Parlamento el pasado 13 de abril, que pone especial énfasis en los principios de suficiencia, solidaridad, lealtad institucional, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal.

Abogamos por que el nuevo sistema se pacte desde la multilateralidad. Partiendo de la evaluación del modelo actual. De un catálogo de servicios y de un nivel de calidad en su prestación iguales para todos los españoles en todos los territorios.  Solicitamos por ello que el nuevo modelo contrapese el criterio poblacional con otros que tengan en consideración el territorio, la dispersión de la población y su envejecimiento como factores que condicionan el coste efectivo de prestación de los servicios públicos (p. ej.: educar en el medio rural es un 40 %  más costoso que en el medio urbano).

La sanidad es, en estos momentos, la mayor perjudicada por las deficiencias del modelo. Es la mayor partida de gasto de las comunidades (en su triple vertiente de retribuciones del personal, gasto farmacéutico e inversiones y tecnología) y la que acumula más tensiones debido al carácter inelástico de su demanda y a la influencia decisiva de factores como el envejecimiento (el gasto sanitario de los mayores de 75 es 7 veces mayor). Por ello, merece un capítulo aparte en la reforma del sistema, tanto en relación con los ingresos como con los gastos.

La atención a la dependencia debe incorporarse al modelo, superando una formulación actual que complica y enlentece el sistema, y donde la Administración General del Estado no atiende el compromiso de financiar este al 50 %.

En educación, estamos rotundamente a favor de un pacto educativo que ponga los cimientos de un sistema estable. Es fundamental que ese pacto no sea solamente político, sino también social y territorial, pues las comunidades tenemos mucho que decir, como encargadas de gestionar este servicio público.

Los servicios sociales han evolucionado a lo largo de la crisis de una manera desigual. Sólo algunas comunidades –entre ellas Castilla y León– han apostado por establecer herramientas como la Renta Garantizada de Ciudadanía o incluso Redes globales de Protección para los más desfavorecidos. Desde esa desigualdad, decisiones del Gobierno de la Nación sobre programas estatales (como el Plan Prepara, la Renta Activa de Inserción o el Programa de Activación para el Empleo) se trasladan al «debe» de las autonomías que hemos dado ese paso, sin ventaja alguna para la población afectada. Es necesaria una mayor homogeneidad y una mayor coordinación. Y por eso sería muy oportuno desarrollar una normativa básica estatal en materia de ingresos mínimos (que podría ser parte de una Ley estatal básica de Servicios Sociales). En ese marco adquiriría todo su sentido la puesta en marcha de la tarjeta social, cuyo impulso hoy acordamos, y que sería importante que incluyese información sobre prestaciones laborales.

Sobre todos los servicios esenciales que gestionamos las comunidades, y que son intensivos en capital humano, inciden las competencias del Estado para establecer las bases de la Función Pública. A este respecto, creemos fundamental eliminar, para dichos servicios esenciales, la tasa de reposición, que está causando graves problemas y una alta interinidad en las plantillas. También serían precisas otras medidas para que los empleados públicos puedan recuperar progresivamente condiciones laborales perdidas con motivo de la crisis.

Pero el futuro de todos los servicios del Estado del Bienestar, incluido por supuesto el sistema de pensiones, pasa, a largo plazo, porque seamos capaces de dar respuesta a unos desafíos demográficos que hoy ya son evidentes (con saldo vegetativo negativo en el conjunto de España y con saldos migratorios muy desiguales entre los distintos territorios). Hay que destacar la importancia de que el Gobierno de la Nación comience a asumir que estos desafíos son un problema de todos. Instamos a que comiencen en breve los trabajos de elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, que deberá ser culminada en 2017. Y a que el Gobierno de la Nación defienda que las instituciones europeas incorporen a todas sus políticas la perspectiva demográfica.

El tema de la financiación autonómica y de los servicios públicos no estaría completo sin una referencia a la necesaria reforma de la financiación local, en paralelo a autonómica y acompasada con esta. Una reforma que debe dar respuesta a las necesidades de las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias, especialmente en relación con los servicios de proximidad que prestan. Y, de paso, flexibilizar la actual normativa de estabilidad presupuestaria que impide a los Ayuntamientos destinar su superávit a inversiones que serían muy positivas, pero que no cumplen los restrictivos requisitos que hoy se exigen para ser consideradas «inversiones financieramente sostenibles».

Hablando del futuro de los servicios públicos del Estado del Bienestar,  no podemos obviar que, para lograr que sean verdaderamente sostenibles, nuestro gran objetivo como sociedad es consolidar la recuperación y crear empleo (20 millones de ocupados en España, 1 millón en Castilla y León). A este respecto, es necesario retomar la colaboración del Estado en las políticas activas de empleo, que se ha visto muy perjudicada por las dificultades presupuestarias derivadas de la crisis. Potenciar decididamente la Formación Profesional Dual. Y apostar por un nuevo modelo productivo capaz de generar más empleo y de mayor calidad.

El motor de ese nuevo modelo ha de ser la industria, teniendo en  cuenta sobre todo la especial calidad del empleo que genera este sector. Planteamos por ello la oportunidad de una Ley estatal de Industria, basada en los pactos necesarios, que impulse la innovación, la transformación digital y la transición hacia la industria 4.0.

De especial importancia para nosotros, y para algunas otras comunidades del Norte, es que España defina y consolide un modelo energético moderno, estable y diversificado en el que tenga cabida como recurso estratégico, con un porcentaje definido, la minería del carbón y la actividad de las centrales térmicas. Hay que dar una solución definitiva a las cuencas mineras y, en todo caso, si esta no fuera viable en el marco de la Unión Europea, promover alternativas de desarrollo para los amplios territorios que en estos momentos dependen de esas actividades productivas.

La agricultura y ganadería, con un peso superior en Castilla y León a la media de España, son sectores estratégicos que merecen especial apoyo.De manera concreta, aquellos subsectores que están afrontando cambios en sus mecanismos de regulación (leche, azúcar). Con carácter general, preparándonos conjuntamente para afrontar la nueva Política Agraria Común tras el año 2020. Y sin olvidar que, como elemento de competitividad, es esencial dar continuidad a la colaboración del Estado en planes conjuntos de impulso y modernización de las infraestructuras agrarias.

Por último, y hablando de infraestructuras, no podemos dejar de mencionar la importancia para Castilla y León –en el contexto del conjunto del Noroeste y Norte de España- de las infraestructuras de comunicación. Reconocemos el esfuerzo realizado en estos últimos años, y abogamos por que no se detenga el impulso a las autovías de especial interés (de modo particular, la culminación de la Autovía del Duero, pero también la Valladolid-León, la del Camino de Santiago, la Ponferrada-Orense y la Burgos-Aguilar de Campoo), el despliegue de la Alta Velocidad (con la llegada definitiva a Burgos y su continuidad a través de las obras proyectadas hacia Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Francia) y los proyectos de terminales y/o plataformas logísticas. Del mismo modo que queremos servicios públicos equiparables en el conjunto de España, también queremos que todas las Comunidades tengan la oportunidad de contribuir a los grandes objetivos nacionales en materia de economía y de creación de empleo.