Soria, una de las cinco capitales donde subirá el impuesto de los automóviles
Soria será en 2026 una de las cinco capitales españoles que incrementará el impuesto municipal de los automóviles, en pleno avance de la nueva movilidad en la ciudad.
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El informe anual elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) apunta que la presión fiscal aumentará en 2026 en Soria, Jaén, Pamplona, San Sebastián y Vitoria.
Las nuevas tarifas que aplicará el Ayuntamiento de Soria sitúa el recibo de vehículos hasta 8 CVF en 24,63 euros; de 8 a 11,99 CVF, 64,88 euros; de 12 a 15,99 CVF, 136, 97 euros; de 16 a 19,99 CVF, 174,48 euros y más de 20 CVF, 218,05 euros.
Las diferencias en este impuesto que regulan los ayuntamientos son significativas.
Asi un automovilista donostiarra paga un 51 por ciento más por el impuesto municipal de su automóvil que uno de Madrid o un 161 por ciento más que uno domiciliado en Tenerife.
Pero si se compara con un automovilista empadronado en alguno de los “25 paraísos fiscales” que existen en España las diferencias pueden alcanzar hasta un 900 por ciento.
Dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, ese mismo coche es un 38 por ciento más caro en Salamanca que en Zamora: 67,76 euros frente a 49,08 euros.
Esta es una de las conclusiones a la que ha llegado el estudio realizado por la asociación de defensa del conductor Automovlistas Europeos Asociados (AEA) que, un año más, analiza las grandes diferencias de fiscalidad que existen en los municipios españoles respecto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y la existencia de auténticos “paraísos fiscales”.
Una recaudación de 3.000 millones de euros
Este impuesto, creado en España hace treinta y seis años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos (conocido también como “el numerito”), genera unos ingresos anuales entorno a los 3.000 millones de euros a las haciendas locales.
El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio nacional, a excepción de los territorios históricos del País Vasco y Navarra.
En el caso de Castilla y León la recaudación asciende a 172 millones de euros.
Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 8 de las 52 capitales de provincia españolas, según recoge el informe de AEA.
También la ley permite aplicar bonificaciones de hasta el 75 por ciento en función del carburante y las características de los motores, e incluso exonerar del pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años, gracias a la modificación que AEA consiguió introducir en 1999 en la Ley de Haciendas Locales.
Desde entonces, cientos de miles de automovilistas se han ahorrado el pago de este impuesto a cambio de conservar un patrimonio que forma parte de una determinada época de producción automovilística.
Entre los ayuntamientos más caros, además de San Sebastián, AEA cita en su informe los de Vitoria, Bilbao, Barcelona, Gerona, Tarragona, Lleida, Ciudad Real, Jaén, Granada, Huelva, Salamanca, Santander y Cádiz.
Por el contrario, entre las capitales que podrían considerarse “un paraíso fiscal” estarían Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz, Cáceres y A Coruña. (Ver cuadro adjunto).
Motocicletas
Respecto de las motocicletas las diferencias también son notables.
Una motocicleta de 600 centímetros cúbicos paga en Melilla 15,15 euros. Sin embargo, en Vitoria este mismo vehículo paga 86,72 euros. ¡Un 472% más caro!
Este hecho ha motivado el que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal. A cambio, cada año les toca la lotería del “numerito” por el ingreso que reciben por el impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población.