El Consejo de Cuentas coloca a Soria entre los ayuntamientos que aumentan su deuda pública

En el último informe sobre la situación económico-financiera de las entidades locales entre 2011 a 2014

El Ayuntamiento de Soria es uno de los cuatro de capital de provincia de Castilla y León qu e ha aumentado su deuda pública en el periodo 2011-2014, según el último informe publicado por el Consejo de Cuentas de la Comunidad sobre la situación económico-financiera de las entidades locales.

Todas las capitales, según este informe, presentan resultado positivo por un valor agregado de 79,9 millones, lo que supone un incremento del 393,7% respecto a 2011.

La variación en el periodo analizado presenta signo positivo en todas, menos Segovia y Soria.

En el grupo de las capitales, hay cinco que registran disminuciones en su deuda pública y cuatro con aumentos (León, Palencia, Soria y Zamora).

Respecto al índice de endeudamiento sobre ingresos corrientes, en 2014 hay tres que presentan valores superiores al 75%: León (185,7%), Soria (98,1%) y Ávila (91%).

En el resto de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, dos registran disminuciones en su deuda y cuatro experimentan incrementos (San Andrés del Rabanedo, Laguna de Duero, Ponferrada y Miranda de Ebro).

En relación a los ingresos corrientes, el índice de endeudamiento solo supera el 75 por ciento en San Andrés del Rabanedo (267,5%) y Ponferrada (84,7%).

El Consejo de Cuentas ha aprobado ayer el “Informe sobre la situación económico-financiera de las entidades locales, ejercicio 2014” en una sesión plenaria celebrada en la Diputación de León. Correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones 2016, el trabajo analiza en profundidad la realidad económica del conjunto de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales de la Comunidad.

Los resultados obtenidos corresponden a la agregación de las cuentas presentadas por 2.028 entidades locales, que comprenden la totalidad de las diputaciones, los ayuntamientos de capitales de provincia, los otros seis ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, así como 2.004 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, que representan el 89,7% de los existentes en este estrato de población.

Análisis

La ejecución del presupuesto de ayuntamientos y diputaciones arroja unos derechos reconocidos netos de 2.986 millones de euros y unas obligaciones reconocidas netas de 2.891 millones, con una distribución similar a la del Presupuesto definitivo: en torno al 25% corresponde a las diputaciones y el 75% restante a los ayuntamientos, y dentro de éstos, las capitales absorben cerca de la mitad de los recursos (35% del total).

En las capitales la evolución de los ingresos registra un incremento del 3,9% (39,2 millones de euros) respecto a 2011. En cambio, las obligaciones reconocidas presentan una evolución conjunta negativa del 3,5% (37,1 millones de euros).

En los ayuntamientos, con carácter general, crece el peso de los ingresos tributarios y baja el de las transferencias de capital, y en las capitales de provincia, además, se produce un incremento significativo de los pasivos financieros.

La evolución de los indicadores de ejecución presupuestaria en el periodo analizado (2011-2014) refleja mejoras en los niveles de modificaciones presupuestarias, ejecución de ingresos y gastos, y realización de cobros y pagos, en todos los grupos de entidades analizadas, a nivel agregado.

Respecto al periodo medio de cobro y pago, se registran disminuciones en todos los grupos, a excepción de las diputaciones en relación al periodo medio de pago.

La evolución de los indicadores derivados de los ingresos presupuestarios, pone de manifiesto que se ha producido una disminución de la financiación procedente de subvenciones en todos los grupos analizados, un aumento de la autonomía fiscal en los ayuntamientos y una ligera disminución en las diputaciones, y un aumento de la autonomía en todos los grupos, lo que evidencia una disminución de la financiación con recursos ajenos.

Los indicadores relacionados con los gastos presupuestarios muestran, en todos los grupos, un ligero crecimiento del peso de los gastos corrientes en relación al gasto total, al tiempo que el peso de los gastos de personal disminuye. La carga financiera del ejercicio aumenta, debido principalmente al incremento de la amortización de pasivos financieros, y el esfuerzo inversor presenta una tendencia decreciente en todos los grupos.

Los ingresos por habitante presentan una evolución decreciente en las diputaciones (-2,5% de media) y los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes (-3,7%), mientras que aumentan en las capitales (6%) y permanecen prácticamente estables en el resto de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes (0,4%).

En el caso de los ayuntamientos, esta evolución contrasta con la de los ingresos tributarios por habitante, con significativos incrementos en el periodo analizado, del 11,2% en las capitales, el 20,1% en el resto de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y el 16% en los menores de 20.000 habitantes, pese a lo cual, en los dos últimos tramos no se consigue compensar las disminuciones de otro tipo de ingresos, especialmente los procedentes de transferencias.

La inversión por habitante registra caídas muy acusadas en todos los grupos, que varían entre el 45,2% en las capitales y el 25,5% en las diputaciones.

La carga financiera por habitante, por el contrario, presenta una tendencia creciente en todos los grupos, con incrementos elevados, especialmente entre los ayuntamientos. Las variaciones registradas oscilan entre el 19,9% en las diputaciones y el 92,5% en las capitales de provincia.

Recomendaciones

En consonancia con los análisis realizados y con las conclusiones del trabajo, el Consejo de Cuentas ha formulado seis recomendaciones, orientadas a corregir el comportamiento y la evolución de los indicadores y magnitudes puestas de manifiesto en el informe.

Entre sus recomendaciones, el Consejo considera que las entidades locales deben elaborar sus presupuestos dentro de un marco de planificación plurianual, evitando el elevado índice de modificaciones presupuestarias existente.

Se deben mejorar los grados de ejecución, tanto de los gastos como de los ingresos, a efectos de conseguir un mayor ajuste entre lo que se presupuesta y lo que finalmente se consigue ejecutar en el ejercicio.

La excesiva utilización del remanente de tesorería para financiar modificaciones presupuestarias no debe suplir las inadecuadas o inexistentes medidas de planificación, programación y presupuestación que las entidades locales vienen obligadas a adoptar por mandato de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Las entidades locales deben realizar un especial seguimiento de la previsión de pago a proveedores, de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.