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ASAD pide apoyo social para bajada del IVA en todos los recursos asistenciales

La Asociación Soriana de Atención a la Dependencia (ASAD) continúa su lucha a favor de la eliminación del doble IVA en los Servicios Sociales impulsada por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) y ha animado hoy a todos los ciudadanos a firmar el manifiesto elaborado a favor de tal medida.

El documento se aloja en la web de CEAPs, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (https://ceaps.org) y está abierto a la participación de particulares, asociaciones y cualquier entidad que apoye la reclamación, que pide la aprobación de la enmienda presentada por diversos grupos políticos que modifican el número 3º del apartado 2 del artículo 91 de la Ley 37/1992 para que todas las personas en situación de dependencia puedan tributar al mismo tipo reducido del 4 por ciento por los servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y/o atención residencial.

El presidente de ASAD, Javier Sanz Alonso, ha reiterado que son “servicios esenciales” y ha reclamado el apoyo social a dicho manifiesto para que políticos, Gobierno y oposición, “se pongan al lado de los mayores, de las personas”. 

ASAD ha estimado una injusticia que se pague un 10 por ciento de IVA si los servicios se contratan de forma personal mientras que, por un idéntico servicio concertado o público, se tributa al 4 por ciento.

En opinión de la asociación, la situación es especialmente preocupante para aquellas personas que viven en el limbo, que aun teniendo derecho a una plaza pública tienen que pagar la plaza o el servicio de su propio bolsillo, además, con el incremento del 6% del tipo impositivo.

Sanz Alonso ha considerado que no es de justicia que un mismo servicio, prestado en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente.

En 2023, el precio medio de una plaza privada para personas mayores en España era de 1.990 euros al mes (en función del territorio debido a las grandes desigualdades que se plantean) y el servicio se grava con un IVA del 10 por ciento, salvo que la plaza sea concertada en cuyo caso se aplica un tipo de gravamen reducido del 4 por ciento.

La pensión media en España en el mismo ejercicio 2023 fue de 1.398 euros mensuales.

El manifiesto pone de relieve que la Ley 39/2006 (LAPAD) establece como uno de sus principios la universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en la propia Ley.

La Asociación soriana ha considerado que no se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando éste se ve obligado a contratar un servicio privado por ineficacia del sistema público.

La falta de plazas públicas y el largo periodo de tiempo que pasa desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se otorga un servicio o prestación (una media de 321 días de media en 2023) obliga a muchas personas con necesidades asistenciales a optar por una plaza no concertada debiendo asumir un 6% más de IVA que el resto.

En la actualidad, 320.468 personas se encuentran en el “limbo de la dependencia”. “La atención a la dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste.

Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que otros servicios básicos”, reclama el manifiesto.

Los firmantes no olvidan la pérdida del poder adquisitivo derivada de los elevados costes de elementos básicos como la luz y los productos alimentarios y creen que igualar el IVA al 4 por ciento sería una forma de aliviar la situación de muchos dependientes que hoy pagan por el efecto del IVA más de 1.512 euros anuales de media.

En Soria, los 9 centros asociados a la Asociación Soriana de Atención a la Dependencia (ASAD) ofrecen servicio a 540 residentes y emplean a 120 personas de distintos perfiles profesionales.

La Asociación Soriana de Atención a la Dependencia (www. asadsoria.es) es miembro de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) desde su constitución, en 2003, y forma parte, además de la Federación Castellano Leonesa de Atención a la Dependencia (ACALERTE) y del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs).

 

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