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Renuncia al contrato Soria-Zaragoza por Calatayud

Según ha informado la Dirección General del Transporte Terrestre al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, este Departamento del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha decidido renunciar a la firma del contrato de concesión del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera entre Valladolid, Soria y Zaragoza.

Renuncia al contrato Soria-Zaragoza por Calatayud

Esta concesión incluía la conexión por autobús entre Soria y Calatayud para enlazar con el tren de Alta Velocidad que tiene parada y salida en esta localidad zaragozana.

El subdelegado del Gobierno ha insistido en la necesidad de buscar una alternativa, aunque sea temporal, para que se cubra el servicio entre la capital soriana y la localidad bilbilitana, y que podría venir de la mano del actual adjudicatario del servicio, Therpasa, con la posibilidad de que algún recorrido entre Soria y Zaragoza se realice por Calatayud.

Este objetivo es también el que persigue la Dirección General del Transporte Terrestre y en ello están trabajando los servicios jurídicos del Ministerio.

La mesa de contratación de este proceso administrativo había propuesto el pasado mes de julio la adjudicación del contrato a la agrupación de empresas integrada por Linecar, S.A., Transportes Hernández Palacio, S.A., Empresa Monforte, S.A.U., Castromil, S.A. y Vigo Barcelona, S.A.

La Dirección General del Transporte Terrestre determinará las condiciones de esta línea en una nueva licitación -será la cuarta- convocada tras definir las bases del contrato en términos acordes con la situación que ha provocado la covid-19.

A esta decisión se ha llegado por la situación que afronta nuestro país y el resto del mundo como consecuencia de la declaración de emergencia de salud pública y las consecuencias que ello ha tenido en la economía.

El sector del transporte es uno de los más gravemente afectados, tal y como la Comisión Europea ha reconocido en diversas comunicaciones y directrices.

Las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia han tenido como resultado una drástica reducción de la demanda del transporte regular de viajeros en autobús, del 76% de media, desde la declaración del estado de alarma, lo que pone en riesgo la viabilidad de los servicios en un sector intensivo en recursos humanos y capital.

La Dirección General ha analizado la situación actual de la demanda de los servicios objeto de licitaciones en marcha y ha concluido que, de adjudicarse en este momento la concesión, que obliga incluso a la compra de nuevos autobuses, ésta no sería viable económicamente, ya desde su inicio, al no poder prestarse el servicio en las condiciones fijadas al tiempo de licitarla (antes de la pandemia) y que fueron las tenidas en cuenta por los licitadores al presentar sus ofertas.

Además, si la agrupación de empresas que había resultado adjudicataria hubiera modificado desde el inicio las condiciones de prestación del servicio amparándose en la situación que ha generado la covid-19, el propio proceso administrativo de la celebración del contrato podría haber sido objeto de la interposición del algún recurso.

Ante esta resolución puede interponerse recurso especial en materia de contratación o ser impugnada directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses.

 

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