La ayuda de 200 euros llega a 72.500 personas
En Castilla y León, más de 72.500 personas, en concreto 72.597, han recibido la ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno para mitigar el impacto de la elevada inflación, especialmente en los colectivos más vulnerables, según datos de la Agencia Tributaria.
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Los beneficiarios de esta iniciativa aprobada por el Ejecutivo a finales de diciembre del pasado año son trabajadores por cuenta propia o ajena y beneficiarios de la prestación o subsidio de desempleo en 2022, que el pasado año no superasen una renta de 27.000 euros brutos y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no rebase los 75.000 euros.
Además, deben tener residencia habitual en España en 2022.
Para el cálculo de importes se debe sumar la renta y el patrimonio de las siguientes personas que convivan en el mismo domicilio: el propio beneficiario; su cónyuge o pareja de hecho; los descendientes menores de 25 años, o con discapacidad, con rentas que no excedan de 8.000 euros; y ascendientes hasta segundo grado por línea directa (padres y abuelos).
Beneficiarios por provincia
El plazo para solicitar esta ayuda concluyó el pasado 31 de marzo.
Por provincias, en Castilla y León se han beneficiado de este pago único de 200 euros 18.073 personas en Valladolid, 13.230 en León, 11.383 en Salamanca, 9.069 en Burgos, 4.743 en Zamora, 4.686 en Ávila, 4.648 en Segovia, 4.518 en Palencia y 2.247 en Soria.
Objetivo: reducir las situaciones de vulnerabilidad
Como ocurría con la anterior ayuda de 200 euros, quedan excluidos de esta ayuda los pensionistas y perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por ser colectivos ya beneficiados de otras medidas aprobadas por el Gobierno como el incremento un 15% de las pensiones no contributivas y del IMV. Asimismo, los pensionistas tienen garantizado su poder adquisitivo con la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
Por tanto, con esta ayuda de un pago único de 200 euros, recogida en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, se amplía los beneficiarios de la anterior prestación, con el objetivo de paliar el efecto perjudicial que la subida de precios tiene especialmente sobre las rentas más bajas. De esta forma, con esta prestación se reducen las situaciones de vulnerabilidad económica que no están cubiertas con otras prestaciones de carácter social, como es el caso de las pensiones o el IMV.
La ayuda de 200 euros se enmarca en el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la inflación en la mayoría social del país.