COAG pide un Estatuto de la Agricultura Social y Profesional

COAG ha estimado hoy que la continuidad de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura, debería servir para acelerar y afrontar con garantías las mejoras que necesita el modelo social y profesional de agricultura en nuestro país.  

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En este sentido, desde COAG se considera que desde el Ministerio de Agricultura se debe dar respuesta a las múltiples amenazas que se ciernen sobre el sector a corto y medio plazo, caso del Brexit, el pleno desarrollo de acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países (Mercosur, próximos Australia y Nueva Zelanda), mantenimiento del presupuesto de la nueva PAC, las importaciones masivas sin control de estándares de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y condiciones laborales y sociales, (caso de las frutas y hortalizas procedentes de Marruecos), la salvaje política arancelaria de la administración Trump, el desmantelamiento de los sistemas de regulación de mercados y del principio básico de preferencia comunitaria en el seno de la UE. Además, para reactivar los bajos precios del aceite de oliva en el campo es vital ejercer una mayor presión en Bruselas para que la UE aumente el presupuesto para el almacenamiento privado, un auténtico fiasco en las últimas licitaciones por falta de voluntad política y presupuestaria de las autoridades comunitarias.

A todo ello, se suma la creciente ola de criminalización de la actividad agrícola y ganadera por parte de los movimientos más radicalizados del  animalismo y de los grupos ecologistas.

"A nivel social, el sector agrario debe ser reconocido por su carácter estratégico como productor de alimentos de calidad, saludables y suficientes, vertebrador del territorio, garante de un medio natural sostenible frente la cambio climático y freno más eficaz contra el acelerado proceso de despoblamiento de la España vaciada", ha señalado en un comunicado.

El desplome de la renta agraria en 2019, (-8,6%), ilustra la crisis generalizada que los sectores agrícolas y ganaderos de nuestro país.

La caída de los precios y la espiral alcista de los costes ha situado a miles de pequeñas y medianas explotaciones por debajo del umbral de rentabilidad, uno de los principales síntomas del proceso de “uberización” que ya afecta al campo español.

“Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone en el sector, España camina hacia una agricultura sin agricultores”, ha sentenciado Miguel Blanco.

En este sentido, el secretario general de COAG ha subrayado que “la brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias, como ya está pasando en sectores como la uva de mesa, en el que tres grandes grupos controlan el 85% de la producción y comercialización del producto”.

Para revertir este proceso, COAG pedirá a Planas la renovación de la actual Ley 19/95 de Modernización de Explotaciones a través del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional, una iniciativa legislativa que debe priorizar el desarrollo de un modelo social agrario, mediante la puesta en marcha de un paquete de medidas que impulsen un relevo generacional sostenible en el sector, facilitando la incorporación de jóvenes y mujeres ( acceso a la tierra, ventajas fiscales, amplicación ayudas primera instalación, formación, etc..).

Además, se antoja imprescindible un reequilibrio de la cadena de valor alimentaria.

Ante las políticas orientadas a la desregulación generalizada, es necesario reforzar la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario.

“La cadena debe ser rentable y sostenible en su conjunto, para lo cual hay que acabar con el abuso de posición de dominio y que el valor creado se reparta de manera justa y equilibrada entre todos los operadores, asegurando unos precios rentables para los productores y asequibles para los consumidores”, ha puntualizado el Secretario general de COAG.

En ese sentido, desde COAG se propone mejoras de la Ley de Cadena Alimentaria, tales como el aumento y optimización de los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la extensión de los contratos obligatorios al conjunto de las operaciones en la cadena, la introducción de la “venta a pérdidas” como práctica comercial abusiva sancionable, la ampliación de la figura del mediador y la prohibición de las campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos básicos (productos primarios o productos envasados como leche o aceite de oliva) para no inducir a error sobre el precio y valor real de dichos productos.

En el capítulo de costes e insumos, es necesaria la creación del Observatorio de costes y mercados de insumos para aumentar la vigilancia de los oligopolios que controlan los insumos del sector: energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. y evitar así la especulación y los costes injustificadamente elevados para los agricultores y ganaderos.

Todo ello debe ser complementado con una potenciación del sistema de aseguramiento. El seguro agrario debe ser una herramienta fundamental del mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual tan volátil y por el esperable aumento de los riesgos para la agricultura ocasionado por los efectos del cambio climático.

En ese sentido, se reclama un incremento de la partida presupuestaria estatal destinada al seguro agrario al menos hasta los niveles de 2007-2011, para reducir el coste de las pólizas y contribuir a la universalización del mismo.

El apoyo a la innovación también deberá tener un papel relevante en la nueva legislatura. En ese apartado, desde el ministerio se deberán asignar más recursos a un proceso de transformación digital inclusivo y democrático.

“No queremos que la digitalización sea un tsunami para el sector, sino el impulso que nos coloque en la cresta de la ola. Pero para ello es necesario el desarrollo de las infraestructuras del medio rural, que termine con la brecha digital que existe hoy en día entre el campo y la ciudad. Y sobre todo, que todas las políticas y medidas que se pongan en marcha coloquen en primera línea a las pequeñas y medianas explotaciones familiares, que no tienen capacidad suficiente para capitalizar estas nuevas tecnologías", ha remarcado el Secretario General de COAG.

Asimismo, es necesario un Pacto Nacional del Agua y una firme y decidida defensa del regadío. Conviene no olvidar que el 16% de las hectáreas de regadío generan el 60% de la producción agrícola, siendo España un referente mundial en la optimización del agua para usos agrícolas.