Detenidas seis personas por explotar a 45 temporeros
La Guardia Civil ha detenido a seis personas y ha abierto investigación a otras cuatro, en la culminación de la operación “Machatasha”, en la que ha identificado a 45 víctimas de explotación laboral, de origen marroquí, subsahariano y búlgaro, entre temporeros que acudieron a la comarca soriana de la ribera del Duero, en San Esteban de Gormaz, para trabajar en campaña de recogida de uva.
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El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, acompañado del teniente coronel Sergio Peñarroya, ha presentado la operación “Machatasha”, en la que se ha detenido a seis personas, cinco en Soria y una en Albacete, y se ha abierto investigación a otras cuatro, autores de varios delitos contra los trabajadores extranjeros.
La Comandancia de la Guardia Civil de Soria tuvo conocimiento a principios del mes de julio pasado de que en las localidades de la Ribera del Duero soriana personas extranjeras estarían realizando labores agrícolas sin las preceptivas formalidades legales.
Iniciadas las investigaciones se entró en contacto con los trabajadores verificando que la información recibida era cierta y encontrando indicios de la existencia de un entramado de personas que los contrataban, permitiendo la posterior investigación acreditar la existencia de una organización criminal ahora desarticulada.
En cuanto a la tipología de las víctimas se detectó la existencia de dos grupos diferentes, por un lado estarían los procedentes de países del Magreb los cuales por su situación irregular en España carecían de cualquier autorización para trabajar y un segundo grupo de personas que procedían de países de la Unión Europea, lo que le habilita para poder trabajar en las mismas condiciones que los nacionales, pero que se encontraban en situación de vulnerabilidad, bien por ausencia de arraigo, por carencia de recursos económicos, desconocimiento del idioma, etc. lo que llevaba a que, si bien podrían ser dados de alta por el empresario no lo eran y eran obligados a aceptar las condiciones dictadas por la organización.
La investigación ha permitido acreditar, que las condiciones de explotación por parte de la organización a las víctimas se prolongaban incluso cuando las mismas finalizaban la relación laboral, obligándolas a hacerse cargo de una deuda que según la organización se ocasionaba por su alojamiento, manutención, supuestos trámites burocráticos, traslados desde sus países de origen y en general cualquier excusa.
Las coacciones se mantenían en el tiempo generando miedo en las víctimas.
En ninguno de los casos que se han investigado los salarios llegaban al salario mínimo legal, y generalmente los gastos supuestamente generados superaban la cantidad a percibir.
Latorre ha subrayado en rueda de prensa que este delito tiene mucho que ver con la trata de ser humanos y la exclavitud.
Los detenidos hacían de intermediarios para facilitar trabajadores a pequeños propietarios agrícolas para realizar las tareas propias del campo.
“Se ha recogido testimonio a 45 víctimas, nueve de ellas en situación irregular en España, con expediente de expulsión tramitados. Ninguno tenía contrato laboral ni estaba dado de alta en la Seguridad Social”, ha detallado.
Ademas ha recalcado que estos trabajadores eran comunitarios y africanos, éstos últimos en situación irregular, y tenían abierto expediente de expulsión
La operación se inició el 6 de julio, cuando se recibió una llamada del pueblo soriano de Olmillos, por una disputa de un propietario de la vivienda y los inquilinos por desaveniencias en pago.
El propietario manifestó que todo se basaba en contratos verbales y la Guardia Civil identificó a nueve extranjeros africanos, ocho en situación irregular.
El 7 de julio se requirió de nuevo la presencia en El Burgo de Osma, donde hubo una alteración de orden público entre ciudadanos búlgaros y la Guardia Civil se encontró una disputa por el resultado de “contratación”.
De las dos intervenciones se localizó una tienda de alimentación en San Esteban de Gormaz, regentada por ciudadanos búlgaros, y la Guardia Civil judializó el asunto y se declaró secreto sobre las actuaciones.
Tras intervenciones telefónicas en septiembre, se ha puesto de manifiesto existencia de personas españolas y búlgaras que se dedicaban a seleccionar a personas, en su mayoría de origen búlgaro, que llegaban a España pensando que tienen unas condiciones laborales y se encontraron con otra bien diferente.
Se les cobraba un precio abusivo por alquiler de vivienda y de la alimentación.
La organización era la encargada de buscar las ofertas laborales, con una serie de inconvenientes.
Peñarroya ha recordado que el 27 de septiembre se ha realizado la explotación de operación, en la que se ha tomado declaración a trabajadores y se han realizado registros domiciliarios en viviendas y en la tienda.
Durante la operación se ha tenido conocimiento que empresarios sorianos denegaron este tipo de mano de obra, tras ser ofrecida.
Además ha destacado doble moral de algunos ciudadanos que alquilan sus viviendas y no hacen más preguntas por no conocer la realidad del destino de la misma.
La organización pagaba entre 12 a 14 euros la hora y la comisión que cobraba era de siete euros, y luego los contratados tenían que descontar gastos.
Han llegado a cobrar hasta 100 euros por habitar una vivienda, donde han llegado a compartir colchón 17 personas.
“Si los extranjeros que se ubicaban en origen no tenían dinero para viajar a España, se les adelantaba desde la organización y luego se les cobraba con intereses”, ha apuntado.
