TRIBUNA / El Cerro de los Moros y los límites de la buena educación

TRIBUNA / El Cerro de los Moros y los límites de la buena educación

Con estupor y vergüenza ajena hemos leído en los últimos días (El Heraldo Diario de Soria, 10 y 22 de diciembre) las declaraciones del concejal de Urbanismo de Soria, Luis Rey, a propósito de la anunciada decisión de los promotores de la urbanización del Cerro de los Moros. Ciertamente que son una auténtica burla para los sorianos, que con nuestros impuestos sufragamos su salario municipal.  Sin embargo, considero que el comportamiento del concejal-senador desborda el juicio sobre la mejor o peor gestión de lo público, reclamando a voces un análisis de la vertiente ética del mismo y de qué medidas puedan adoptarse frente a un indigno comportamiento  de nuestros representantes  políticos.

 Por suerte para todos, y también para los delincuentes comunes y políticos corruptos –hoy tan frecuentes en telediarios y Tribunales-, vivimos en un Estado de Derecho. Todos estamos sujetos al imperio de la Ley.

 Por suerte para todos vivimos en un sistema democrático basado, entre otras cosas, en la confrontación periódica de los partidos políticos para lograr el poder político en las diferentes esferas del Estado, con la honesta finalidad de, bajo ese imperio de la Ley, procurar el bien común de los ciudadanos.

Pero, por desgracia para todos, vivimos en un país en que, con demasiada frecuencia, los gobernantes guardianes de las llaves de la Ley aplican el tremendo poder que se les otorga en las urnas justamente para burlar esa Ley, aplicando sus ya no tan honestos esfuerzos en favor propio o de minorías privilegiadas que no representan precisamente al bien común. Y todo ello con tranquilas manifestaciones en educado tono de profundas reflexiones que ocultan su ignorancia o, peor, su cinismo, sobre los temas que sin recato prostituyen. Es esto lo que puede calificarse como genuina mala educación política.

Y es lícito preguntarse cómo contestar con educación a tan maleducadas actitudes. Cómo responder cuando desde el poder se proclaman sin pudor por nuestros teóricos servidores públicos estupideces contrarias al más elemental uso de la razón. Quizás un primer y elemental paso sea, amén de descubrir su falso juego, llamarles también por su nombre: maleducados. Visceralmente nada nos impediría llamar idiota a quien demuestra serlo, o caradura al que así se muestra sin sonrojo.

Se dirá, con razón, que para corregir esas conductas están los Tribunales. Sí, pero ay, el verdadero problema está en que esos impresentables guardianes de las llaves saben cuáles abren los senderos de la impunidad. Saben, por ejemplo, lo improbable que es que un ciudadano acuda a los Tribunales de lo Contencioso (con los gastos a soportar que ello implica) para reclamar la corrección de una resolución administrativa a todas luces injusta (quiere decirse contraria a la Ley). Mala educación política.

Saben, por ejemplo, aplicar de forma indecente el recurso al silencio administrativo para lograr unos resultados que nunca podrían estampar en una resolución oficial. Como ocurre en Soria capital con el proyecto para urbanizar el Cerro de los Moros. Mala educación política.

Leonor del Río ha expuesto en El Mirón de Soria con claridad cargada de benéfica ironía el desafuero que está cometiendo el Ayuntamiento con su absoluta inacción administrativa (de administrar, que se supone que para eso está), y Saturio Hernández ha aportado de nuevo su perspicaz visión jurídica del problema.

 Interesa aquí señalar las verdaderas intenciones de las  ridículas y torticeras declaraciones del concejal de Urbanismo, Luis Rey, a propósito de la decisión adoptada por el promotor de iniciar privadamente el trámite de información pública del proyecto (Heraldo Diario de Soria de fechas 10 y 22 de diciembre último).

Primero  dice que no han tenido tiempo para estudiar y resolver sobre el proyecto (la legislación fija ese tiempo en tres meses como máximo, pero, pobres, sólo han contado con veintitrés meses reales para un tema que ya se arrastra desde 2014), luego que les ha pillado por “sorpresa” la decisión del promotor (¿cuánta paciencia debe demostrar este último para evitar sorpresas?), para añadir que ahora sí, ahora se van a poner manos a la obra “para ver qué solución tiene”.

Y por fin, el día 22,  descubre que el promotor no atiende en su proyecto la (humilde) petición del Ayuntamiento de rebajar “un poco” la edificabilidad en el Cerro (de 0,65 a 0,50 m², lo que significaría pasar de 1.361 viviendas a 1.050, lo que tampoco resolvería el problema ni por asomo) y asegura que su principal preocupación es visualizar el impacto (????), ya que la altura de los edificios no es cuestión importante (!!!!!!). Vergüenza y sonrojo debiera producirle su declaración de que ahora el objetivo es “que quede un cierre de la ciudad acorde con el entorno y con el propio desarrollo de la ciudad”. ¿En qué zona del entorno piensa que pueden colocarse armoniosamente los 31 bloques de seis plantas que presenta el promotor, y que –ya lo señala Saturio Hernández- serán, si nada lo impide, unos cuantos más? Y el remate glorioso: “seguirán insistiendo en sus consideraciones”, y, en un alarde de firmeza política, “no van a renunciar a que se les permita visualizar de alguna forma el impacto”.

Para más detallada información a los sorianos: materializar las 1.304 viviendas en las parcelas propuestas requiere o bien aumentar otras dos plantas de media en cada edificio o ampliar el invento con 8 a 10 bloques adicionales (25 módulos más de 6 plantas). Todo bien encajado con el entorno y con mínimo impacto en la “visual”. Mirar para otro lado es, sencillamente, de mal gusto, de mala educación política. Denota falta de respeto a los ciudadanos.

¿Contestar a la mala educación política con iguales armas, incluso con el mismo nivel de insulto que subyace en esas declaraciones? No; eso sería bien legítimo, pero sólo facilitaría su estrategia. Mejor insistir en la necesidad y posibilidad legal de revertir la situación desvelando las verdaderas intenciones de las mismas y de su autor.

 Podría argumentarse que, demostrado como está que el promotor no goza hoy de ningún derecho consolidado que le haga acreedor a una posible indemnización por el Ayuntamiento,  no es éste el que tiene que “solicitar” nada a aquél; que su acción oficial debiera ser, si realmente trabajara por el bien público, acordar de inmediato la desestimación de la propuesta del promotor y la recalificación como rústicos de los terrenos (manteniendo, quizás, la edificabilidad que a esos suelos otorgaba el Plan General anterior al desvergonzado Convenio origen de nuestros males, junto a la calle Marcelino Camacho). Eso, que es lo que en buena ley acometería un Ayuntamiento realmente democrático, lo sabe sin duda el gobierno municipal y ya es inútil repetirlo o exigirlo, como demuestran las comentadas declaraciones del Sr. Rey. Faltó tiempo al concejal-senador Luis Rey, después del Consejo de Urbanismo celebrado el 30 de junio de 2021, para proclamar su satisfacción con la propuesta del promotor (1.361 viviendas), que, entonces, según él mismo, atendía a los requerimientos del Ayuntamiento y tenía un prácticamente nulo impacto sobre el paisaje (declaraciones a Radio Nacional el día 1 de julio). Mala educación política.

Los hechos demuestran que el Ayuntamiento no trabaja para frenar la barbarie urbanística propuesta por uno de los propietarios del suelo, sino que maniobra para LAVARSE LAS MANOS en tan capital asunto, demostrando una clara mala educación política, ya que no por ignorancia, por otros ocultos intereses, en mi opinión por arteros cálculos electoralistas. He aquí las verdaderas intenciones de tan impresentables declaraciones.

En efecto, la estrategia es nítida. Se trata de llegar como víctimas a las próximas elecciones municipales por culpa de 1º: la “herencia heredada” del PP, 2º: la “falta de tiempo” para estudiar y resolver el tema como les hubiera gustado, 3º: las “exageradas facilidades que la legislación urbanística concede al promotor”, atando de manos al Ayuntamiento, 4º: la previsible “actuación de la Junta en favor del poderoso promotor”, 5º: el “gravísimo riesgo económico en que habrían sumido al Ayuntamiento” si hubieran iniciado el camino de modificar el Plan General, tal como ya advirtió su Secretario, y 6º: las “escasas posibilidades de modificar la propuesta de la propiedad” dados los derechos urbanísticos que le otorga el Plan General y el casi unánime apoyo dado a la misma por el Consejo de Urbanismo. O sea: “Hubiéramos querido denegar esa aprobación, pero las circunstancias y el tremendo riesgo de hipotecar al Ayuntamiento para tropecientos años  nos lo han impedido. Nuestra vocación es seguir trabajando para que el impacto de la urbanización bla, bla, bla, bla”.

Sobradamente se ha probado en abundantes escritos la falsedad de tales argumentos y cómo la Ley y la jurisprudencia otorgan al Ayuntamiento, a fecha de hoy, la facultad de denegar la aprobación inicial del documento presentado por el promotor y recalificar todo el Sector como suelo rústico protegido sin ninguna responsabilidad patrimonial (por mi parte desde noviembre de 2020). Pero también es cierto que en esta fase de tramitación del proyecto el Ayuntamiento no está cometiendo ninguna estricta irregularidad administrativa. Lo que está haciendo es justamente lo anunciado y proclamado en las declaraciones de nuestro concejal-senador: un total abandono de sus responsabilidades y deberes, amparándose en los límites de la Ley para burlar sus obligaciones administrativas y éticas de defender el bien público, apoyándose precisamente en la legislación tras la que escuda su inacción. Desde luego con el inmediato fin de confundir a la opinión pública con falsas informaciones, en un alarde de mala educación política.

 Estos son los hechos, o, mejor dicho, esto es lo que el gobierno municipal de mayoría absoluta  no hace para que otros lo hagan. Que cada cual lo interprete como su razón le dicte. Ahora quedará el camino de las alegaciones en la información pública y, previsiblemente, el de los Tribunales de Justicia. Y, sobre todo, si el gobierno municipal no actúa para  demostrar su buena educación política adoptando las decisiones que requiere la protección del bien público, quedará a la luz su verdadero retrato de cara a las próximas elecciones. Algunos confiamos en la eficacia de los pilares de nuestra democracia: la Ley, la Justicia y, desde luego, la voluntad popular.

Fdo: Ricardo Mínguez Izaguirre, Dr. Ingeniero de Caminos