El PP traslada a red SSPA sus propuestas en Parlamento

Parlamentarios del Partido Popular han trasladado a la Red SSPA las iniciativas presentadas en el Congreso y el Senado.

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En la reunión mantenida representantes de la Red de Aéreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) los parlamentarios sorianos Tomás Cabezón, María José Heredia y Gerardo Martínez han dado a conocer las iniciativas planteadas en ambas Cámaras en forma de Preguntas, Proposiciones no de Ley o Mociones.

La recuperación del Programa de extensión de la banda ancha al cien por cien de los municipios, que ya estaba financiado con 525 millones de euros en los presupuestos de 2018 es una de estas peticiones al Gobierno. 

El Gobierno del Partido Socialista, a través de la Orden Ministerial 116/2018, rebajó este programa de forma de internet no llegaba a todos los municipios y además sólo garantizaba una velocidad de 30 Mb en lugar de 300Mb.

La velocidad de 30 Mb "supone, de facto, el abandono del mundo rural y el freno para el desarrollo económico en los mismos. ¿Qué negocio o actividad profesional se puede llevar a cabo actualmente con 30 Megas de velocidad?" ha destacado Tomás Cabezón para quién los ejemplos en nuestros pueblos los conocemos todos: Teletrabajo imposible con esa velocidad; empresarios de turismo rural que no pueden gestionar sus reservas por internet ni pueden mantener unas páginas publicitarias competitivas; empresas que no pueden hacer sus gestiones comerciales o con las administraciones. Estamos hablando en muchos casos de Pymes y de pequeños autónomos o agricultores. Tampoco los Ayuntamientos pueden ofrecer a sus vecinos las ventajas de la gestión telemática. Ni los propios ayuntamientos pueden completar sus gestiones administrativas por esta vía”.

"Todo esto ya lo sabíamos. Y era lo que veníamos denunciando. Lo que ha cambiado ahora es que la pandemia del Covid-19 y la necesaria reclusión de la población ha obligado a digitalizar aquellas actividades que antes realizábamos con desplazamiento físico. Nos ha obligado a cambiar nuestra forma de trabajar, de aprovisionarnos de productos y servicios, incluidos los servicios médicos, o de relacionarnos socialmente. Y en los pueblos necesitamos internet, conectividad y ancho de banda suficiente para poder hacerlo".

La situación de reclusión ha puesto de manifiesto cómo internet se ha convertido en el primer y fundamental instrumento que ayuda a mantener la actividad económica del país y a mantener el empleo. Además ha permitido mantener conectada e informada a una sociedad recluida en sus casas. Ha demostrado su papel esencial en la transferencia de información. Ha permitido continuar con las tareas de enseñanza, de sanidad, de asistencia social y ayuda a domicilio. Ha permitido el abastecimiento en los municipios más pequeños y alejados. 

Lo verdaderamente importante, según los parlamentarios sorianos, es que para muchas familias internet ha sido el único medio que ha posibilitado el seguimiento de sus familiares durante la enfermedad y también la última despedida de un ser querido.  

Los pueblos pequeños se han visto desfavorecidos una vez más, y eso, en estos momentos, resulta intolerable.

"El Gobierno debe garantizar a los habitantes de nuestros pequeños municipios el derecho humanitario a mantenerse conectados con sus familias a través de internet y sobre todo a los más mayores. También deben favorecer la salida y vuelta a la actividad económica en nuestros pueblos. Además, como estrategia de mayor alcance debe permitir a las personas que lo deseen trabajar desde nuestros pueblos ahora que la pandemia ha puesto de manifiesto para empresarios y trabajadores las oportunidades reales que ofrece el teletrabajo" ha señalado Gerardo Martínez.

En materia de ayudas a Pymes y autónomos, el Partido Popular mantiene su máxima de Cero ingresos, Cero impuestos. Se ha propuesto la del pago de la cuota a los trabajadores autónomos, para todos los negocios, en municipios de menos de mil habitantes, durante el año 2020. 

"Creemos que es de justicia atender esta petición porque beneficia a un colectivo especialmente golpeado por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia originada por el Covid-19, pero también porque beneficia a poblaciones enteras que ven peligrar el futuro de los pocos establecimientos y centros de actividad con los que cuentan y con ello ven peligrar su propio futuro" según señala la senadora María José Heredia.

“La más elemental preocupación por el futuro de los pueblos sorianos nos obliga a hacer un esfuerzo por mantener el disminuido, escaso y envejecido tejido comercial que en ocasiones representa el único lugar en el que poder realizar el abastecimiento diario o permitir las más elementales relaciones sociales en unos ámbitos despoblados y carentes de otras oportunidades. Si el desánimo lleva a un autónomo al cierre de un establecimiento puede llevar a la marcha de una familia. La falta de servicios puede llevar a la marcha de otras. Ya conocemos como funciona esa rueda. Debemos evitar a toda costa que el desánimo lleve al cierre de ningún establecimiento en nuestro medio rural. Sabemos, por experiencia, que establecimiento que se cierra en un pueblo es muy difícil que vuelva a abrir” ha insistido la senadora soriana.

Se han propuesto más de doce medidas de ayudas y bonificaciones a los establecimientos radicados en poblaciones de menos de dos mil habitantes. En IAE, Cuotas a la Seguridad Social, IRPF, Impuesto de Sociedades, acceso rural a los servicios bancarios, líneas de apoyo al pequeño comercio, pagos a la SGAE o AGEDI etc.

Respecto a la pregunta que los parlamentarios plantearon sobre la necesidad de establecer una financiación diferenciada para las empresas que se establecieran en zonas escasamente pobladas la respuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha sido la de que se contempla esa posibilidad y se estudiará junto con el Ministerio de Hacienda.

También se han planteado iniciativas para que se atiendan medidas de desconfinamiento de distinto ritmo en zonas urbanas muy pobladas y en pequeños núcleos rurales, siempre con las debidas medidas y garantías de salud. Se atiende así a la petición de empresas de la hostelería rural, autónomos, familias con niños y personas mayores e incluso vecinos de pequeños municipios que necesitan mayor información sobre asuntos cotidianos, como la incertidumbre que les ha creado la existencia de instrucciones de distinto sentido en relación a la posibilidad de cultivar sus pequeños huertos de uso domésticos.